Eloy Fajardo (Unidad y Lucha).— «Con Franco se vivía mejor». La frase, repetida con frecuencia y ligereza en algunos rincones de la sociedad española, resume con crudeza el fracaso de nuestra memoria colectiva. Bajo Franco no se vivía: se sobrevivía. Y solo quienes se acomodaron al silencio o al aplauso pudieron respirar tranquilos. La dictadura no fue solo un paréntesis autoritario en el Estado español. Fue una maquinaria de exterminio y castigo social. La represión franquista no terminó con la guerra civil, sino que continuó durante décadas, con juicios sumarísimos, torturas sistemáticas, censura, trabajos forzados y desapariciones. Se calcula que fueron asesinadas al menos 50 000 personas, cifra que incluye tanto los asesinatos inmediatos tras la guerra como las llevadas a cabo en las décadas posteriores. Además, decenas de miles murieron en prisión o en trabajos forzados. Cualquier sospecha de disidencia política, sindical, ideológica o incluso estética podía costar el empleo, la libertad o la vida. A la violencia institucional se sumaba una pobreza impuesta por la autarquía, el racionamiento y la falta de libertades más elementales.
El régimen, en su fase final y ante la evidente debilidad física del dictador, intentó mantener la autoridad a base de gestos de fuerza. El 27 de septiembre de 1975, cinco hombres fueron asesinados por fusilamiento. Las condenas, impuestas tras juicios sin garantías y con denuncias de tortura, fueron ratificadas por el último Consejo de ministros del franquismo. El mundo entero, desde el Vaticano hasta gobiernos europeos, pidió clemencia. Franco respondió con sangre.
Los asesinatos se llevaron a cabo en Burgos, Hoyo de Manzanares y Barcelona. Los acusados pertenecían a organizaciones armadas como ETA y el FRAP, pero los procesos que los condenaron estuvieron plagados de irregularidades, pruebas débiles y confesiones obtenidas bajo coacción. Algunos fueron arrestados en sus casas, sin armas ni pruebas concluyentes, y juzgados por tribunales militares que actuaron como una formalidad previa al pelotón. La brutalidad de aquellas horas finales dejó huellas profundas. Uno de los jóvenes, al que apenas le dieron tiempo a despedirse, escribió a su familia: “Muero inocente, pero perdono”.
Estos cinco hombres (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui) se convirtieron en símbolos involuntarios de la represión franquista en sus últimos días. Sus asesinatos, más allá de castigar sus supuestos delitos, pretendieron enviar un mensaje de terror y control a una sociedad que mostraba signos crecientes de oposición al régimen. Años después, sus nombres y sus historias siguen siendo recordados por familiares, colectivos de memoria y organizaciones que luchan por la verdad y la justicia, convirtiendo su sacrificio en un punto de referencia para el rechazo a cualquier forma de autoritarismo.
Tras la muerte de Franco, la dictadura fue maquillada como una “democracia”. En 1977, en plena transición, se aprobó una ley que lo cambiaría todo: la ley de Amnistía. Presentada como un paso hacia la reconciliación nacional, acabó sellando la impunidad de los crímenes del franquismo. En lugar de diferenciar a verdugos de víctimas, amnistió por igual a quienes combatieron la dictadura y a quienes la sostuvieron con violencia.
Desde entonces, la justicia española ha rechazado sistemáticamente investigar desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o el uso del Estado como aparato de represión. Los crímenes del franquismo siguen sin juicio ni condena, y en muchos casos sin reconocimiento oficial. Los responsables, como militares, jueces, policías y altos cargos murieron sin rendir cuentas y muchos conservaron o recuperaron sus puestos sin consecuencias. Estos elementos, la impunidad, el silencio y la falta de reconocimiento constituyeron los pilares fundamentales sobre los que se erigió el régimen político nacido en 1978.
Recordar hoy aquellos fusilamientos no es un ejercicio de nostalgia ni de partidismo, sino un acto de responsabilidad que va más allá del marco impuesto por el Régimen del 78. Significa comprender que, sin el reconocimiento del daño causado, no puede haber justicia ni memoria, ni una democracia sólida, aunque esta sea burguesa. Significa entender que quienes afirman que “con Franco se vivía mejor” no solo ignoran la historia, sino que perpetúan el desprecio hacia quienes fueron asesinados, silenciados o desaparecidos.
El 27 de septiembre de 1975, el régimen franquista ejerció una brutal represión para que “todo quedara atado y bien atado”, tal como Franco prometió en 1969 al nombrar sucesor a Juan Carlos de Borbón. Y la “democracia” que vino después prefirió no señalar al verdugo. Hasta que España no rompa definitivamente con esa herencia, el pasado seguirá contaminando el presente.
