Las Leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, enviadas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional (CC) dejando sin efecto sus artículos y disposiciones.
La decisión del tribunal constitucional agudiza el enfrentamiento abierto contra el mandatario, que tras las primeras suspensiones de artículos lanzó una campaña contra los jueces a los que acusó de ser enemigos de la seguridad del país.
A partir de las decisiones del Constitucional en su contra, el jefe de Estado ecuatoriano ha llamado a una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente que reemplace a la Constitución vigente en el país desde el mandato de Rafael Correa.
Respecto a la Ley de Solidaridad, la CC dijo que se mezclaron materias económicas, penales y de seguridad, «usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica».
Mientras que con la Ley de Integridad Pública se estableció que su reglamento y normas conexas son inconstitucionales porque vulneran la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
La Ley de Integridad Pública permitió el despido de funcionarios, así como también la evaluación a los servidores públicos.
Por su parte, la Ley de Solidaridad Nacional regulaba el conflicto armado interno, permitía allanamientos sin orden judicial o facilitaba indultos anticipados.
«Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica», concluyó el alto tribunal.
