El reclamo se hizo en momento en que el presidente estadounidense Donald J. Trump pretende utilizar a esta nación caribeña, bajo el dominio colonial de Washington, para agredir a otros países de la región.
“No queremos que se use a Puerto Rico para invadir ningún pueblo hermano, como lo es la República Bolivariana de Venezuela”, expresó Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra.
La activista social apuntó que las fuerzas armadas de la nación norteña debe proceder a la “limpieza completa de los suelos, aguas y aires contaminados empleando fondos del gobierno de Estados Unidos, responsable del daño”.
Además, indicó, debe haber una retribución económica al pueblo puertorriqueño por los años que las han usado, sin pagar nada, por lo que pedimos respeto absoluto a nuestra soberanía y a la vida de las comunidades afectadas.
“Las Madres contra la Guerra declaramos que no permitiremos que el silencio ni la impunidad continúen; como madres, abrazamos la vida y decimos con firmeza ¡ni una bomba más, ni un veneno más en Puerto Rico!”, anotó.
Al insistir en que no haya más instalaciones militares contaminadas en Puerto Rico, Santiago Hernández denunció que para construir la base Ramey en 1939 expropiaron terreno, desahuciaron una cuatro mil personas del poblado San Antonio y otros cientos de la barriada Borinquen.
Reveló que desde esta base en Aguadilla salieron aviones militares para deponer a Manuel Antonio Noriega en Panamá, causando la muerte de mas de cuatro mil personas.
“¡Qué vergüenza que desde nuestra nación salgan a matar y a ocupar otros pueblos! Puerto Rico nunca le ha declarado la guerra a ningún país, sin embargo han muerto más de dos mil boricuas en guerras de Estados Unidos”, expuso la psicóloga de profesión.
Agregó que la grave contaminación ambiental y los efectos en la salud que han dejado las bases militares estadounidense en Puerto Rico son nefastos, razón por la cual “nuestros cuerpos, nuestras tierras y nuestras aguas han sido utilizados como laboratorios de guerra, y las comunidades siguen pagando el precio de un legado de muerte y enfermedad”.
Santiago Hernández estableció que en Vieques, más de 60 años de bombardeos dejaron uranio empobrecido, fósforo blanco, napalm, plomo, mercurio y otros metales pesados que continúan envenenando el suelo y el mar.
En tanto, en la base naval Roosevelt Roads, en Ceiba (oriente), la Marina dejó combustibles y químicos tóxicos que contaminan las aguas subterráneas; en la base Ramey, en Aguadilla, hay evidencia de hidrocarburos y de metales pesados, mientras que en Sabana Seca (Toa Baja) y la Base Aérea Muñiz (Carolina) también se han identificado riesgos ambientales graves.
“Estos crímenes ambientales se traducen en más cáncer, enfermedades respiratorias, hipertensión y muertes prematuras en nuestra gente”, dijo al considerar que el pueblo puertorriqueño nunca consintió en ser zona de sacrificio militar, y mucho menos en heredar estos pasivos tóxicos.
