El presidente Gustavo Petro denunció públicamente que ciudadanos colombianos reclutados como mercenarios por el ejército ucraniano estarían recibiendo un trato “de raza inferior” y pidió su repatriación inmediata. Según Petro, muchos de ellos fueron engañados y utilizados «como carne de cañón» con promesas económicas y enviados al frente sin garantías ni derechos, lo que calificó como una forma moderna de esclavitud racial. El mandatario insistió en que Colombia no debe permitir que sus ciudadanos participen en guerras ajenas y pidió investigar a las empresas con base en Miami que los reclutan, advirtiendo que el Estado debe protegerlos, incluso si cometieron errores.
Estas afirmaciones responden a la denuncia excombatientes colombianos en Ucrania que aseguran haber sido víctimas de engaños, maltratos y retención forzada. Según afirman, cerca de cuarenta soldados permanecen bajo custodia tras solicitar la suspensión de sus contratos, mientras otros relatan haber sido trasladados sin explicación a distintos puntos del país en guerra.
La Embajada de Rusia en Colombia reaccionó a estas declaraciones, respaldando las afirmaciones de Petro. En su comunicado, Moscú señaló que la participación de mercenarios extranjeros en el conflicto es ilegal bajo el derecho internacional y recordó que varios latinoamericanos han muerto en el frente. También acusó a Kiev, al igual que el presidente colombiano, de utilizar extranjeros como “carne de cañón” en una guerra que —según el Kremlin— solo beneficia a los intereses de Estados Unidos y la OTAN.
