Un total de 7.244 trabajadores federales en Estados Unidos presentaron solicitudes iniciales de subsidio por desempleo durante la semana que culminó el pasado 11 de octubre, lo que representa un aumento impulsado por el cierre del Gobierno. Este número de solicitudes es el más alto para el sector público desde el cierre gubernamental de enero de 2019.
La cifra, publicada en un sitio web del Departamento de Trabajo, muestran que esta es un alza significativa desde las 3.272 solicitudes registradas la semana anterior, cuando la paralización de actividades comenzó, y mucho mayor que las 588 previas al cierre.
El aumento se atribuye principalmente a los trabajadores que se encuentran con licencia temporal debido al cierre, quedando sin ingresos, y a empleados públicos que se acogieron a un plan de renuncia diferida de la Administración Trump, así como a anuncios de despidos en diversas agencias.
Las cifras ofrecen una visión del impacto económico del cierre en la fuerza laboral federal, justo cuando la mayoría de los informes económicos oficiales han sido pospuestos por la paralización. El contexto se complica con el anuncio de recortes de personal. En esta misma línea, el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, había mencionado que más de 10.000 empleados podrían perder sus puestos de trabajo.
Sin embargo, el panorama se modificó cuando una jueza federal de California, Susan Yvonne Illston, emitió una orden de restricción temporal que prohíbe la continuación de los despidos, declarando que la forma en que se estaban realizando era «contraria a la ley».
La jueza argumentó que el Gobierno se había «aprovechado» del cierre para actuar y que algunos empleados en licencia podrían no estar al tanto de su despido, ya que los avisos se enviaron a sus correos electrónicos laborales, a los cuales no tienen acceso durante la paralización.
En tanto, la Casa Blanca respondió que el presidente tiene la «autoridad legal» para despedir a personas y calificó a la jueza, nominada por Clinton, de «extrema izquierda», asegurando estar «100 por ciento seguros de que ganaremos esto por méritos propios».
Como consecuencia del cierre, que se extiende desde el 1 de octubre por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, también existe la amenaza del impago de 1.3 millones de soldados activos en todo el mundo. La crisis ha trascendido el ámbito burocrático, afectando la seguridad alimentaria de la población, cientos de familias militares se han visto forzadas a recurrir a bancos de alimentos para subsistir.
Otro sector afectado es el del tráfico aéreo. La falta de controladores ha provocado retrasos en aeropuertos centrales como Boston, Chicago y Las Vegas. A pesar de que estos empleados esenciales deben acudir a trabajar sin recibir su pago, se ha registrado un aumento en las ausencias por motivos personales o enfermedad, razones que ocultan la falta de fondos del personal.
