La justicia determinó falta de pruebas para prisión preventiva de los acusados durante el paro nacional, manteniendo medidas cautelares. La decisión judicial se dio tras determinar que no existen elementos suficientes que prueben su participación en los hechos violentos ocurridos en Otavalo el 22 de septiembre pasado, cuando tuvo lugar la quema del Comando de Policía. Según la Fiscalía, en el lugar se encontró vainas calibre 40, rocas y daños a vehículos policiales y militares.
No obstante, el tribunal dispuso la liberación de los procesados, aunque mantuvo medidas como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante una unidad judicial, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) señaló que «el juez reconoció que no habían elementos suficientes para mantener una prisión preventiva”.
Asimismo, uno de los acusados, Luis Henry Jácome, continúa detenido, el fallo judicial llega dos días después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunciara el cese del paro, tras un mes de protestas contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa, como la eliminación del subsidio al diésel. Las movilizaciones dejaron tres personas fallecidas: dos indígenas kichwas a causa de disparos en los enfrentamientos con la fuerza pública y una tercera víctima por la inhalación de gases lacrimógenos, además de alrededor 296 heridos, 205 detenidos y 15 desaparecidos temporalmente
En un contexto donde a pesar de que la CONAIE declaró el cese del paro nacional ante la brutal represión otras organizaciones como la UNORCAC aseveran que continuarán movilizándose en rechazo al Gobierno, al aumento del diésel y a la crisis alimentaria, mientras la Chijalta Fici rechazó el comunicado de la CONAIE y mantendrá asambleas para forzar el diálogo y la atención a las víctimas.
En paralelo, el asambleísta Jaime Estrada, de la Revolución Ciudadana, denunció formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos graves violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Noboa durante las manifestaciones, solicitando medidas cautelares para las víctimas directas de la represión.
