La Administración Trump continúa agravando la crisis alimentaria de millones de estadounidenses en medio de un cierre de gobierno que se extiende por 40 días y ha dejado sin fondos a programas esenciales.
En la noche del sábado, ordenó a los estados que “deshagan de inmediato” cualquier medida tomada para financiar los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre de 2025. La medida profundiza la incertidumbre para más de 42 millones de estadounidenses que dependen de esta asistencia para acceder a alimentos básicos.
En un memorándum emitido a altas horas de la noche, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) declaró: «En la medida en que los estados enviaron archivos completos de pago del SNAP para noviembre de 2025, esto no estaba autorizado. Por consiguiente, los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025».
El documento está firmado por Patrick Penn, subsecretario adjunto de Alimentos, Nutrición y Servicios al Consumidor del USDA, advirtió que el incumplimiento podría resultar en la cancelación de la financiación federal para la administración del programa o en que los estados asuman responsabilidad financiera por cualquier “emisión excesiva”, lo cual se traduce en sanciones federales a esos estados por garantizar alimentos básicos a sus ciudadanos.
La directiva se produce tras un fallo del Tribunal Supremo, firmado por la jueza Ketanji Brown Jackson, que bloqueó temporalmente una orden judicial inferior que obligaba a la administración a pagar íntegramente los beneficios de noviembre. El alto tribunal indicó que su decisión permanecerá vigente hasta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito se pronuncie sobre la solicitud de suspensión presentada por el gobierno.
Mientras tanto, el Congreso sigue estancado en las negociaciones para reabrir el gobierno federal, cuyo cierre comenzó el 1 de octubre tras la falta de aprobación de un proyecto de ley de gastos. A diferencia de administraciones anteriores, que mantuvieron el flujo de beneficios del SNAP durante cierres previos, la actual ha optado por interrumpir el programa, a pesar de que un paquete bipartidista acordado recientemente incluye la financiación completa del SNAP y garantiza el reembolso de gastos incurridos durante el cierre.
El memorándum del USDA instruye a los estados a distribuir únicamente pagos parciales equivalentes al 65% de los beneficios mensuales, lo que agrava la inseguridad alimentaria en comunidades ya afectadas por la paralización de servicios federales.
Demócratas reaccionan a la orden de Trump: «Nos vemos en los tribunales»
La medida ha generado una fuerte reacción entre líderes demócratas, quienes denuncian una estrategia deliberada para castigar a las familias de bajos ingresos en plena crisis presupuestaria. La senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, escribió en la red social X: “La crueldad es el objetivo. Es su decisión hacerlo”.
Por su parte, la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, afirmó que los beneficios del SNAP ya habían sido procesados y depositados en las tarjetas EBT antes de la orden del Tribunal Supremo, conforme a las directrices previas del USDA. “Si Trump intenta recuperar el dinero, nos veremos en los tribunales”, declaró Healey el domingo, añadiendo que los residentes “deben seguir gastando esos fondos en alimentos”.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, expresó su indignación: “En los últimos seis días, hemos recibido cuatro directrices diferentes de la administración Trump. Hay un caos, y es un caos intencional”. Moore criticó especialmente la amenaza de sanciones financieras contra estados que cumplieron con lo que creían ser obligaciones legales.
Más de dos docenas de estados, representados por fiscales generales demócratas, presentaron un documento judicial el sábado advirtiendo que la Administración Trump ya se negaba a reembolsar pagos del SNAP ordenados por la justicia, incluso antes de la intervención del Tribunal Supremo.
Mientras el Congreso trabaja en un acuerdo para reabrir el gobierno, millones de estadounidenses enfrentan la incertidumbre de si podrán alimentar a sus familias este mes. La decisión de la Casa Blanca no solo agrava la crisis humanitaria, sino que pone en jaque la confianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
