El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, reveló la intención de su Gobierno de implementar una medida legislativa para censurar las redes sociales. La justificación oficial apunta a las críticas que estas plataformas emiten sobre las colaboraciones entre Estados Unidos y la nación caribeña, especialmente aquellas que, según el Ejecutivo, justifican asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el cambio de régimen en Venezuela.
La propuesta desató una condena inmediata. El Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), en la oposición, la calificó de «inaceptable, antidemocrática y hostil al principio de libertad de expresión«. Pennelope Beckles, líder opositora, firmó una declaración que condena el intento de «armar el poder del Estado contra ciudadanos privados que ejercen sus derechos constitucionales».
«Cualquier gobierno que teme la crítica ha abandonado su compromiso con los valores democráticos«, afirmó la oposición, que instó al ministro Alexander a retractar sus amenazas y enfocarse en los problemas reales de la nación, «que no pueden resolverse silenciando a los críticos».
El PNM argumentó que el mal uso de las redes sociales puede procesarse bajo las leyes penales y civiles existentes, y que invocar poderes de emergencia o introducir nuevas leyes para suprimir la disidencia «es un ataque flagrante contra nuestra democracia».
Intimidación y falta de transparencia
El PNM denunció además que la intención del Gobierno es intimidar a las personas y evitar la transparencia. Las amenazas del ministro de silenciar las voces disidentes bajo el pretexto de amenazas a la seguridad nacional «atacan la base misma de una sociedad libre y abierta».
La oposición calificó de «censurable» el intento gubernamental de «armar» la cuestión de los visados y el estatus de residencia de trinitenses en el extranjero para suprimir el descontento público.
Beckles destacó el papel crucial de blogueros, comentaristas digitales y periodistas en línea en la exposición de irregularidades estatales y en mantener informados a los ciudadanos, especialmente contra el exceso de poder. Lamentó que los ministros del Gobierno, quienes evaden la rendición de cuentas en el Parlamento, ahora busquen castigar a los comentaristas digitales bajo el pretexto de «amenazas a la seguridad nacional».
Patrón de conducta autoritaria
La oposición alertó que este desarrollo forma parte de un «patrón de conducta muy peligroso» del Gobierno. Entre los ejemplos citó la cancelación de las celebraciones de la Independencia bajo el pretexto de «amenazas a funcionarios públicos», la declaración y extensión de un estado de emergencia bajo la misma justificación, la represión de las actividades de Carnaval por «contaminación acústica» y los despidos masivos.
«Un gobierno que suprime la libertad de expresión no está protegiendo la seguridad; la está socavando», sentenció Beckles.
Stuart Young, exministro de Seguridad Nacional, expresó su alarma por las posturas de Alexander. Young señaló que estas posiciones, junto con el uso de una Orden de Detención Preventiva bajo el estado de emergencia para detener a un bloguero de redes sociales —en lugar de la ley penal que permite fianza y el principio de «inocente hasta que se demuestre lo contrario«—, representan «una amenaza viva y creciente para la democracia».
«Estos son acontecimientos muy peligrosos. ¿Es política de este Gobierno utilizar acciones dictatoriales para silenciar a personas que tienen opiniones diferentes a las suyas?», cuestionó Young. Añadió que no pueden ignorar «estas amenazas claras y presentes a nuestros derechos y libertades constitucionales«.
Young enfatizó que, si bien las publicaciones en redes sociales no deben infringir las leyes —como las de difamación o acoso—, «se está cruzando una línea por parte de este Gobierno y estos son derroteros peligrosos».
Por su parte, David Abdulah, líder del Movimiento por la Justicia Social (MSJ), consideró «totalmente inaceptables» las declaraciones del ministro Alexander. Señaló que ya existen leyes para abordar declaraciones difamatorias o calumniosas, así como legislación antiterrorista y sobre traición.
«No hay absolutamente ninguna necesidad de reforzar la legislación represiva en este momento», afirmó.
Abdulah sostuvo que no corresponde a un ministro hablar sobre posibles infracciones, sino que la policía debe investigar y, si hay pruebas, acusar a las personas basándose en las leyes existentes. Además, criticó el uso de órdenes de detención bajo los poderes del estado de emergencia para lidiar con estas situaciones.
