Organizaciones de jubilados y personas con discapacidad en Argentina marchan frente al Congreso para protestar contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei que afectan directamente a ambos sectores vulnerables.
El eje central de la manifestación es el rechazo al veto presidencial que impidió un aumento en los haberes jubilatorios, y la exigencia de la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa aprobada por ambas cámaras pero vetada por Milei y luego defendida del veto en el Congreso.
La presencia del colectivo de personas con discapacidad adquirió una relevancia especial al coincidir con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre. La fecha fue renombrada por los manifestantes como «3 por ciento de diciembre».
El porcentaje hace referencia al entramado de corrupción revelado por audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaba el 3 por ciento como la porción destinada a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien hasta el momento no ha dado explicaciones públicas sobre el tema.
La actriz Valentina Bassi, activista en la causa, señaló: «La sensación es que el Gobierno eligió a las personas con discapacidad como enemigos en primera fila… Pasan las semanas y siguen sin aplicar la ley ni darle los fondos necesarios, así que es un círculo vicioso».
Antes de las movilizaciones de esta tarde, el sector de discapacidad recibió apoyo del Hospital Pediátrico Garrahan, donde realizaron una conferencia de prensa conjunta bajo el lema «unidos por la emergencia».
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) se sumó a las organizaciones en la exigencia de la aplicación efectiva de la ley, advirtiendo que la no aplicación implica «un mensaje de abandono hacia los sectores más vulnerables» y genera una situación «desesperante» para centros de día y educativos terapéuticos que no pueden funcionar por falta de sostenibilidad.
Por su parte, las organizaciones de jubilados, que mantienen una protesta semanal desde el inicio del actual Gobierno, denunciaron que el Gobierno impulsa reformas que profundizan la precarización, incluyendo la posible eliminación de convenios colectivos y un aumento de la edad jubilatoria (a 70 años para todas las personas).
