Nuevas revelaciones periodísticas confirman que la reciente incautación de un petrolero venezolano en el Caribe no es un novedoso, sino la continuación de una estrategia que comenzó en 2019, cuando operadores del entorno de quien se autoproclamó presidente de Venezuela e intentó sin éxito constituir una especie de gobierno paralelo, Juan Guaidó —respaldados por Washington— propusieron el secuestro de buques que transportaban petróleo venezolano hacia Cuba.
El periodista estadounidense Max Blumenthal, editor de The Grayzone, publicó un documento obtenido por ese medio que contiene una entrevista del FBI con Timothy Roen Kraft, empresario identificado en el reporte como un activo vinculado a círculos de inteligencia. Según la transcripción, dos colaboradores cercanos a Guaidó presentaron a Kraft un plan para piratear dos buques tanqueros, cuyos tripulantes ya habrían sido cooptados, con el objetivo de desviar los barcos hacia las Islas Vírgenes estadounidenses y entregarlos a autoridades de EE. UU.
El reporte detalla que Kraft respondió favorablemente, pero exigió una carta formal del entonces secretario de Estado Mike Pompeo para sumarse a la operación. La carta nunca llegó. El plan, sin embargo, no fue descartado: según la investigación de The Grayzone, fue retomado durante el segundo mandato de Donald Trump, cuando la operación quedó bajo la órbita de Marco Rubio, en su doble rol como secretario de Estado y director del Consejo de Seguridad Nacional.
Blumenthal afirma que Rubio autorizó una variante “menos elegante”: una operación de abordaje militar directo, muy similar a la ejecutada la semana pasada, cuando fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero cerca de las costas venezolanas.
La filtración adquiere relevancia inmediata tras las declaraciones del canciller ruso Serguéi Lavrov, quien calificó la incautación más reciente como un acto que requiere explicaciones urgentes por parte de Washington. Lavrov recordó que, pese al discurso estadounidense sobre “transparencia y seguridad”, empresas como Chevron siguen operando y comprando crudo venezolano, lo que hace aún más opaca la justificación para un operativo militar de confiscación.
El presidente de Venezuela, por su parte, denunció el hecho como “piratería internacional” y un intento abierto de apropiarse de sus recursos.
Antecedentes: el laboratorio Guaidó
La revelación también arroja luz sobre la naturaleza de las operaciones desarrolladas por la estructura paralela de Guaidó desde 2019, que no se limitaron al bloqueo de activos y fondos venezolanos, sino que incluyeron planes de acción directa sobre rutas marítimas de petróleo, sometidas a vigilancia y presión política por parte de EE. UU.
El documento del FBI confirma que las propuestas al empresario Kraft buscaban no solo incautar petróleo, sino generar un precedente de fuerza que legitimara futuras interdicciones. La meta era clara: activar una pinza económico-estratégica que impidiera a Venezuela abastecer de crudo a sus aliados —en este caso, Cuba— y simultáneamente presentar la operación como un acto de “cooperación” con la justicia estadounidense.
La operación de esta semana responde a la misma lógica. Según la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, el petrolero fue detenido “para prevenir el transporte de petróleo sancionado”, una formulación que repite casi de forma textual los argumentos que Guaidó y su equipo planteaban hace cinco años.
Pero la novedad es el involucramiento directo del aparato militar estadounidense, que según The Grayzone responde a la decisión política de Rubio y al fortalecimiento del Pentágono económico dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump.
