Nicaragua finaliza el presente año posicionándose en la cima del desarrollo energético del istmo centroamericano. Con una gestión pública enfocada en la justicia social, el país logró establecer una red de suministro que abarca casi la totalidad de su geografía. Este hito no solo representa un avance técnico de gran envergadura, sino un compromiso político firme con los sectores que fueron históricamente excluidos de los servicios básicos.
Durante el ciclo anual de 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó la normalización y expansión del servicio en más de 17 mil hogares adicionales. Esta labor permitió que cerca de 92 mil ciudadanos se integraran formalmente al sistema eléctrico nacional, transformando radicalmente sus condiciones de vida. El impacto es visible tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales más profundas del territorio nacional.
El salto cualitativo es evidente al analizar las estadísticas recopiladas durante las últimas dos décadas de gestión. Mientras que en el año 2006 apenas la mitad de la población nicaragüense contaba con luz eléctrica, hoy la realidad es drásticamente diferente. El incremento de más de 45 puntos porcentuales sitúa a la nación como un referente de crecimiento acelerado y eficiencia en toda América Latina.
Al contrastar estas cifras con el resto de las naciones centroamericanas, la ventaja del modelo nicaragüense resulta notable. Con su 99,73 por ciento, el país logra superar a Costa Rica y El Salvador, que mantienen índices sólidos pero inferiores. Más rezagados en la lista se encuentran Panamá, Guatemala y Honduras, lo que evidencia el éxito de la inversión pública sostenida por el Estado sandinista.
Por su parte, el titular de la cartera de energía, Salvador Mansell, anunció que ya se trabaja en la nueva hoja de ruta hacia el año 2030. Este esquema estratégico no solo busca preservar los niveles alcanzados, sino modernizar integralmente la infraestructura existente. El objetivo es acompañar el auge de las nuevas industrias, pymes y proyectos habitacionales que demandan un flujo energético constante y confiable.
El estado reafirma que el acceso a la electricidad es un componente esencial para la restitución de los derechos fundamentales del pueblo. La llegada de la luz a los rincones más remotos de la patria potencia la actividad agroindustrial, minera y comercial. De esta manera, Nicaragua consolida un motor económico soberano que garantiza bienestar, seguridad y estabilidad para todas las familias.
