Kevin M. Navia (Granma).— Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en 2023, la nación sudamericana ha dado un paso atrás en materia de estabilidad social. Las manifestaciones violentas y la represión policial se han vuelto una constante en su cotidianidad.
Ante esa situación, la ONU reflejó, en un informe publicado recientemente, su preocupación respecto a esa escalada. El organismo internacional cuestionó el uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones, la detención prolongada de personas en comisarías, los abusos policiales, el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, y la impunidad en la investigación de esos hechos.
Un comité de la ONU recogió información de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales, y descubrió elementos que demuestran la gravedad de esa situación, como el recrudecimiento de las condiciones de reclusión, las muertes en custodia, los presos de «alto riesgo» y el régimen de aislamiento, la falta de cumplimiento de los tratados internacionales sobre asilo político y los problemas del sistema de salud mental.
Tales condiciones evocan a la Argentina de la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80 del pasado siglo, cuando el dictador Jorge Rafael Videla y la Junta Militar sometían al país bajo un yugo neofascista. Las torturas, desapariciones, los centros clandestinos de exterminio, los llamados «vuelos de la muerte», el secuestro sistemático de menores; todas constituyeron formas de terrorismo y violaciones de los derechos humanos durante esa época.
Las heridas dejadas por los atroces crímenes de la última dictadura militar todavía perduran en la memoria colectiva de la nación sudamericana. Desde 1977, organizaciones de activismo social, como las Madres de Plaza de Mayo, luchan con el objetivo de encontrar con vida a los desaparecidos, y promover el enjuiciamiento de los responsables de esos crímenes, considerados de lesa humanidad.
La lamentable realidad social que vive Argentina se ve reflejada en cifras y el Gobierno de Milei tiene un índice de aprobación que evidencia la división de la opinión pública: según datos de la encuestadora argentina Zubán-Córdoba, el 51 % de la población rechaza su gestión, frente a un 48,5 % de aprobación.
El factor social no es lo único influyente en la desaprobación de la administración derechista. La percepción económica también aparece como un elemento central: la mayoría de los consultados por la encuestadora afirma que su situación es peor que durante el Gobierno anterior, dato que incide, de manera directa, en la popularidad del Presidente. A lo cual se suman las preocupaciones en torno a los escándalos de corrupción que a su alrededor se ciernen.
