Bolivia vive días de intensa tensión popular en medio de la huelga general por tiempo indefinido convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503, ley señalada por sindicatos y organizaciones campesinas como parte de un “ajuste fondomonetarista” que deteriora el nivel de vida de la población trabajadora. En las protestas, los obreros mineros han sido protagonistas.
Desde el lunes 22 de diciembre, millares de mineros marchan sobre La Paz, con cascos y herramientas, estableciendo bloqueos y cercos en torno a la Plaza Murillo, sede del gobierno nacional. La policía ha respondido con represión, gases y barricadas, lo que derivó en horas de enfrentamientos y la presencia de refuerzos de otros sectores: docentes, fabriles y comités barriales.
Las movilizaciones también alcanzan Cochabamba, El Alto y corredores viales estratégicos, donde se registran cortes de ruta.
Pese a las manifestaciones, el presidente Rodrigo Paz defiende el decreto como una “medida necesaria” para eliminar subsidios a combustibles, lo que derivaría en un incremento del 86% en gasolina y 160% en diésel.
Las organizaciones sociales denuncian que el ajuste va acompañado de la eliminación de impuestos a grandes capitales, la apertura a inversiones extranjeras mediante un mecanismo de aprobación automática de 30 días, y un régimen jurídico que garantiza 15 años de protección a empresas transnacionales, especialmente en el sector minero y energético.
Según denuncian sindicatos y economistas críticos, el decreto se activa tras reuniones con delegaciones de la DFC, EXIM Bank, USTDA y el Departamento de Estado de EE.UU., lo que alimenta acusaciones de alineamiento con intereses externos sobre los recursos estratégicos del país.
La COB ratificó en un plenario navideño que no levantará la huelga mientras el decreto continúe vigente. La dirigencia plantea que el movimiento debe sostenerse mediante asambleas fabriles, comandos de lucha y coordinación territorial, en un escenario que recuerda históricas jornadas del movimiento obrero boliviano.
El gobierno intenta contrarrestar la presión mediante negociaciones con transportistas, cooperativas mineras y sectores de clase media, además de una campaña mediática y política contra los manifestantes. Paralelamente, avanza un proceso electoral subnacional convocado para marzo de 2026, mientras el Tribunal Supremo Electoral evalúa la anulación de la personería del partido Morena, liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en un contexto de fragmentación interna del MAS.
El conflicto no solo disputa la permanencia del “gasolinazo”, sino el modelo económico, el control de los recursos naturales y el marco de soberanía regulatoria del Estado. Para sectores sindicales, la lucha define si Bolivia ingresa en un ciclo de privatización acelerada del litio, tierras raras y empresas públicas; para el gobierno, representa una prueba de fuerza para sostener su programa económico.
Los mineros, nuevamente en el centro de la historia boliviana, no retroceden. Y el país entero observa si este nuevo pulso social se resolverá en el diálogo, en la calle o en una crisis mayor.
