La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una nueva movilización nacional para el sábado 3 de enero de 2026, en el marco de un paro por tiempo indefinido en rechazo al Decreto Supremo 5503, que modifica los precios de los combustibles y ha generado fuertes críticas por su impacto en los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora.
La marcha, bajo el lema “Bolivia No Se Vende”, partirá desde Calamarca, localidad cercana a La Paz, y busca llegar a la sede de Gobierno antes del encuentro previsto entre representantes sindicales y autoridades nacionales el lunes.
Según informaron medios locales, la medida forma parte de una estrategia de escalada de protestas que se iniciaron el 19 de diciembre, tras la promulgación del decreto. “El objetivo es radicalizar las medidas, para que el Gobierno abrogue el decreto”, declaró el dirigente fabril Mario Segundo al confirmar la convocatoria.
El paro abarca también los días lunes y martes, con la consigna de paralizar el país en su conjunto. La COB emitió un instructivo de carácter obligatorio que establece la participación obligatoria de todas las bases afiliadas, bajo la advertencia de que “la inobservancia será evaluada en las instancias orgánicas correspondientes”. El documento resalta que la movilización debe desarrollarse con “una presencia disciplinada y combativa, conforme a los principios históricos del movimiento obrero boliviano”.
Las direcciones ejecutivas de cada organización afiliada tendrán la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las directrices, que incluyen el uso de pancartas, banderas y consignas unitarias, así como el resguardo del orden durante todo el trayecto de la marcha. “Estos principios responden a la tradición histórica del movimiento obrero boliviano”, dijo la COB en su comunicado.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que las movilizaciones “son reivindicativas y buscan cuidar el futuro de nuestros hijos y nietos”. Responsabilizó al Ejecutivo por la radicalización de las acciones de protesta, subrayando que “este decreto pone en venta el país. La historia nos juzgará si no le ponemos un alto a este Gobierno que está rifando nuestro país”.
Argollo también denunció una supuesta campaña de “intimidación” por parte del Gobierno, que incluiría la aprehensión de dirigentes sindicales y desalojos “dictatoriales” en centros de alojamiento.
“El Gobierno está empezando a amedrentar, a intimidar, a sacarnos de los alojamientos de manera dictatorial, sembrando el caos, el terror, la intimidación al mejor estilo de la dictadura», dijo y añadió: “Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que está existiendo la persecución política”.
Las protestas han contado con el respaldo de acciones simbólicas como huelgas de hambre de esposas de afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), quienes exigen la anulación del Decreto Supremo 5503. “La dirigencia de la COB está del lado de la gente, y pelea por el costo de la canasta familiar. No vamos a ser los cargadores de esta crisis”, afirmó una líder femenina.
Por su parte, el Gobierno reactivó el viernes una propuesta de diálogo con la COB y la FSTMB mediante “mesas técnicas”. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones sectoriales con los movilizados, quienes este jueves 2 de enero cumplen dos semanas de protestas continuas.
