La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aprobó y mandó a publicar en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que ordena el recuento «voto por voto» de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las recientes elecciones presidenciales.
Con esta medida, se anula la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había proclamado como ganador de los comicios al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, el abanderado de Donald Trump. El decreto se publicó menos de 24 horas después de que un grupo reducido de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) lo aprobara en una sesión celebrada sin quórum. La aparición del documento en La Gaceta lo hace vigente y le da una fuerza legal obligatoria.
¿Qué establece el decreto?
El documento instruye al CNE a realizar un reconteo de votos, argumentando que, en el conteo anterior, quedaron fuera 306 actas en la elección presidencial, equivalentes al 1,6 %, y 2.620 en la de diputados, equivalentes al 13,21 %, además de 1.848 actas pendientes correspondientes a corporaciones municipales, equivalentes al 9,65 %.
En la misma línea, el decreto instruye a la Comisión Especial de Investigación a comparecer ante el Ministerio Público, con el objetivo de que se establezca la posible responsabilidad penal del CNE por no haber llevado a cabo el escrutinio general en los tres niveles electivos. A la vez, el Congreso Nacional ordena que se procesen y resuelvan las impugnaciones interpuestas por los diferentes candidatos.
El contexto
El 24 de diciembre, cuando el CNE dio como ganador a Asfura, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, tachó de «traición a la patria» la decisión del consejero suplente del órgano electoral Carlos Cardona, al firmar la declaratoria secundando a las consejeras principales, Ana Paola Hall y Cossette López.
Mientras, el otro consejero, Marlon Ochoa, se negó a rubricar el documento y luego acusó a sus colegas de cometer «usurpación de la voluntad popular».
«Cardona, usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude», manifestó Redondo en redes sociales. «Esto es totalmente fuera de ley. Esta declaratoria [no] tiene ningún valor legal«, añadió, en repudio a la proclamación de Asfura, del Partido Nacional.
A la postre, el Consejo Nacional Electoral emitió la declaratoria oficial el 30 de diciembre, un mes después de los comicios, sin contabilizar la totalidad de las actas con inconsistencias, ni considerar las impugnaciones introducidas por varios de los contendientes.
