Votar contra uno mismo: el extraño suicidio político de América Latina
La ultraderecha vuelve a avanzar por América Latina. Lo hace en Colombia, lo hizo en Argentina, en Ecuador, en El Salvador y encuentra aliados en numerosos países de la región. Una ultraderecha que comparte discursos, estrategias y apoyos internacionales. Una ultraderecha que mira a Washington como referencia política y que presenta los intereses de las élites económicas como si fueran los intereses de todo un pueblo.
Nada de esto debería sorprendernos. La historia demuestra que cuando las sociedades atraviesan momentos de frustración, incertidumbre o dificultades económicas, aparecen quienes ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Aparecen quienes convierten al inmigrante, al sindicalista, al pobre o al adversario político en el culpable de todos los males. Aparecen quienes prometen libertad mientras recortan derechos.
Lo que sí resulta difícil de comprender es otra cosa.
Resulta difícil comprender cómo millones de personas votan precisamente contra aquello que necesitan para mejorar sus propias condiciones de vida.
Cada pueblo tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a elegir el camino que considere oportuno. Tiene derecho incluso a escoger la peor opción posible si así lo decide democráticamente. La soberanía popular consiste precisamente en eso: en poder acertar o equivocarse sin que nadie decida por nosotros.
Pero una cosa es respetar una decisión y otra muy distinta renunciar a intentar comprenderla.
Porque hay algo profundamente contradictorio en el comportamiento político de una parte de la población latinoamericana.
Miles de colombianos, ecuatorianos, hondureños o venezolanos llegan cada año al Estado español buscando una vida mejor. Y hacen bien. Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por capricho. Lo hacen buscando oportunidades, estabilidad y derechos.
Llegan a un país donde existe sanidad pública. Donde existe educación pública. Donde hay pensiones. Donde existe un salario mínimo. Donde existen vacaciones pagadas. Donde hay bajas por maternidad y paternidad. Donde existen indemnizaciones por despido. Donde los trabajadores cuentan con derechos laborales conquistados durante décadas de lucha sindical y política.
Y, sin embargo, muchos de ellos apoyan en sus países a fuerzas políticas que consideran todas esas conquistas como ideas socialistas, comunistas o intervencionistas.
Es una contradicción difícil de ignorar.
Porque aquello que muchos buscan cuando emigran es precisamente aquello contra lo que votan cuando participan en la política de sus países de origen.
Exigen con razón acceso a la sanidad pública cuando viven en España. Reclaman con razón educación para sus hijos. Defienden con razón salarios dignos y protección laboral. Nadie puede reprocharles hacerlo. Son derechos fundamentales.
Pero al mismo tiempo apoyan proyectos políticos que consideran esos mismos derechos una amenaza para la libertad económica.
La paradoja es enorme.
Algunos parecen creer que los derechos sociales nacen espontáneamente. Que las pensiones aparecen por generación espontánea. Que los hospitales públicos se construyen solos. Que la protección laboral existe sin sindicatos, sin legislación y sin intervención del Estado.
La realidad es exactamente la contraria.
Todos esos derechos fueron conquistados mediante décadas de lucha obrera, movilización sindical y decisiones políticas que limitaron el poder absoluto de los grandes capitales.
Y eso no convierte a España, Alemania o Francia en países comunistas.
Ni siquiera la derecha europea más conservadora suele cuestionar la existencia de sistemas públicos de salud, educación o pensiones. Puede discutir su financiación o su gestión, pero comprende que ciertos consensos sociales son necesarios para garantizar la cohesión social y evitar que millones de personas queden abandonadas a su suerte.
Eso es lo que algunos sectores de la ultraderecha latinoamericana presentan como una amenaza.
Llaman comunismo a la sanidad pública.
Llaman socialismo a las pensiones.
Llaman intervencionismo a los derechos laborales.
Llaman populismo a la protección social.
Y millones de personas terminan creyéndolo mientras sueñan con emigrar precisamente a lugares donde todas esas políticas existen.
Quizás uno de los grandes éxitos ideológicos de la ultraderecha contemporánea haya sido convencer a muchos trabajadores de que sus problemas se deben al exceso de derechos y no a la falta de ellos.
Convencer a los pobres de que los sindicatos son sus enemigos.
Convencer a los trabajadores de que la regulación laboral perjudica a los trabajadores.
Convencer a quienes necesitan protección social de que toda protección social es una forma de opresión.
Y así se produce el fenómeno más extraño de nuestro tiempo: personas que luchan por acceder a derechos en el extranjero mientras votan contra esos mismos derechos en su propio país.
La democracia permite equivocarse. Es uno de sus principios fundamentales.
Pero la historia demuestra que los pueblos terminan aprendiendo una lección sencilla: cuando se vota sistemáticamente contra los intereses de la mayoría social, quienes siempre ganan son los mismos.
Los poderosos.
Y quienes siempre pagan las consecuencias también suelen ser los mismos.
Los trabajadores.
André Abeledo Fernández
