Como parte de su plan genocida contra el pueblo palestino, medios israelíes hicieron público el texto de un infame proyecto de ley que autorizaría la ejecución de rehenes y detenidos palestinos, esta iniciativa fue liderado por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir.
El proyecto establece que la ejecución se realizará mediante ahorcamiento, que sería ejecutado por un funcionario penitenciario designado específicamente para el cargo y cuyo nombre no se revelaría; además, este tendría inmunidad penal y civil total.
De acuerdo con el proyecto de ley, los rehenes y detenidos palestinos que reciban la pena de muerte serán encerrados en un lugar apartado y separado bajo condiciones rigurosas.
Las visitas estarían limitadas a funcionarios autorizados y prohibidas las reuniones presenciales con abogados, que serían sustituidas solamente por videollamadas.
Por otra parte, la ley determinaría que la ejecución se debe realizar en un plazo máximo de 90 días después del fallo definitivo.
La ejecución sería realizada en presencia de un observador oficial, un representante judicial, el director de la prisión y un miembro familiar del detenido.
Los informes son contradictorios con informes previos, que trataban sobre la inyección letal.
La legislación superó su primera lectura y ahora se encamina hacia la segunda y la tercera en el parlamento de Israel.
