Una nueva controversia en materia de derechos humanos y políticas migratorias estalló en Estados Unidos tras la detención de un niño ecuatoriano de cinco años, Liam Conejo Ramos, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante un operativo en Columbia Heights, un suburbio de Mineápolis, Minnesota.
El caso ha generado una fuerte ola de indignación nacional e internacional, movilizaciones desde organizaciones sociales, repudios de legisladores y atención diplomática desde Ecuador.
El martes 20 de enero de 2026, agentes de ICE interceptaron a Liam y a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, cuando ambos regresaban a su casa desde el preescolar en Columbia Heights, según funcionarios del distrito escolar.
Aunque la familia tenía un caso de asilo activo sin orden de deportación ordenada, fue trasladada a un centro de detención familiar en Texas tras el operativo.
Autoridades educativas y testigos denunciaron que poco después de la detención del padre, agentes habrían instruido al menor para que tocara la puerta de su casa con el fin de verificar si había otras personas adentro — una acción descrita por líderes escolares como usar al niño “como cebo” para facilitar la operación. Según el distrito escolar de Columbia Heights, otro adulto en la escena había ofrecido cuidar al menor, pero esa petición fue rechazada por los agentes.
La superintendente del distrito, Zena Stenvik, expresó en una conferencia de prensa que la detención del menor y de otros estudiantes había generado un clima de miedo y trauma entre las familias y la comunidad educativa.
Al menos cuatro estudiantes han sido detenidos por ICE en el área en las últimas semanas, incluidos niños de 10 y 17 años en casos separados, lo que ha causado caídas significativas en la asistencia escolar y temor entre los padres y docentes.
La maestra de Liam lo describió como un niño “amable y cariñoso” y afirmó que sus compañeros lo extrañan profundamente. Organizaciones locales han denunciado que la presencia frecuente de ICE alrededor de escuelas ha puesto en riesgo el entorno educativo y ha desbordado la confianza de la comunidad en la seguridad de los espacios escolares.
El caso ha sido duramente criticado por líderes comunitarios, organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas, que lo califican de injustificable y traumático, especialmente dadas las edades de los menores implicados y el hecho de que la familia estaba siguiendo procedimientos legales de solicitud de asilo.
El representante Joaquín Castro, entre otros legisladores, instó a revisar y reformar las prácticas de ICE, alegando que la utilización de menores en operativos de detención atenta contra normas básicas de humanidad y protección infantil.
El caso también ha tenido resonancia internacional. La Cancillería de Ecuador confirmó el seguimiento consular de la situación del niño, subrayando la necesidad de garantizar su seguridad y bienestar, así como el respeto de los derechos de su familia dentro del proceso migratorio estadounidense.
Además, defensores de los derechos de los migrantes han señalado que la detención de menores, incluso en contextos familiares durante procedimientos de inmigración, puede contravenir estándares internacionales de protección infantil y derechos humanos, y ha pedido una evaluación urgente de las políticas de aplicación de la ley migratoria.
La detención de un menor de cinco años, sumada a otras detenciones de estudiantes y familias en Minnesota, ha avivado un intenso debate sobre la politización de la seguridad migratoria, el uso excesivo de la fuerza en operaciones domésticas y la tensión entre la aplicación estricta de la ley y la protección de derechos fundamentales de niños y comunidades vulnerables.
En un ambiente marcado por movilizaciones sociales, protestas y exigencias de reforma, el caso de Liam Conejo Ramos se ha convertido en un símbolo central de la disputa sobre la ética y legalidad de la actual política migratoria estadounidense.
