El Reino Unido, pese a mantenerse como el sexto país más rico del mundo por su Producto Interno Bruto (PIB), registró en 2024 la cifra más alta de personas en pobreza extrema de los últimos 30 años. Según el informe «UK Poverty 2026» de la organización benéfica Joseph Rowntree (JRF), casi 7 millones de ciudadanos viven en una precariedad muy profunda, con ingresos que se sitúan un 59 por ciento por debajo del umbral de pobreza estándar.
El informe evidencia una brecha de desigualdad que el sistema económico actual continúa profundizando. La investigación detalla que el estancamiento económico derivado de la crisis financiera, las políticas de austeridad, el impacto del Brexit y las secuelas de la pandemia por COVID 19, son los factores determinantes para este colapso social.
La JRF denunció que las intervenciones estatales son fragmentadas y mal orientadas, priorizando recortes básicos en las ayudas sociales en lugar de inversiones estructurales. Esta falta de coherencia política golpea con mayor saña a las personas con discapacidad, minorías étnicas y familias numerosas, quienes enfrentan dificultades extremas para acceder a comida, ropa y una higiene digna en un país que ostenta una de las mayores acumulaciones de capital financiero a nivel global.
La pobreza infantil se posiciona como el rostro más cruel de esta crisis, alcanzando al 31 por ciento de los menores en territorio británico. El informe subraya que las limitaciones al acceso de prestaciones sociales, como el tope impuesto a partir del tercer hijo en 2016, condenaron a miles de familias a la indigencia.
La Fundación advierte que se requiere una acción urgente y un conjunto integral de medidas que vayan más allá de soluciones paliativas. El hecho de que dos tercios de los adultos pobres vivan en hogares donde alguien trabaja demuestra que el modelo laboral de la quinta economía mundial es incapaz de garantizar una vida fuera de la miseria para su clase trabajadora.
Por su parte, el Gobierno laborista de Reino Unido presentó un presupuesto de alto riesgo que contempla una subida histórica de impuestos y recortes en gastos sociales para recaudar más de 39.000 millones de dólares. A pesar de ser el quinto país más rico del mundo, la nación enfrenta una inflación del 3,6 por ciento y un estancamiento que golpea el bolsillo de millones de británicos, quienes ahora deberán aportar el 38 por ciento del PIB en tributos, el nivel más alto de su historia.
Expertos advierten que esta carga impositiva impactará severamente el poder adquisitivo y coloca una presión insostenible sobre las finanzas públicas en un escenario donde la economía no logra activarse. Este presupuesto llega en un contexto crítico donde el aumento de los precios de los alimentos y los servicios públicos asfixia a los ciudadanos que no califican para recibir beneficios sociales pero sí para pagar más impuestos.
El informe destaca que la economía británica tiene un rendimiento inferior a su promedio desde la crisis de 2008, agravado por los costos de la pandemia por COVID 19, el conflicto en Ucrania y la carga adicional del Brexit, que ha restado miles de millones al crecimiento nacional desde 2020. La estrategia de la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, de elevar las contribuciones a la seguridad social es vista por analistas como un enfoque de riesgo que podría dañar aún más la inversión empresarial.
La reacción popular en ciudades como Leeds refleja el temor de las familias y pequeñas empresas, que ya se ven obligadas a recortar gastos básicos para sobrevivir. Medidas como la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta hasta 2028 empujarán a más trabajadores a pagar tasas más altas a medida que aumenten sus salarios nominales, afectando directamente a los sectores más vulnerables.
Mientras el gobierno afirma que busca reducir la pobreza infantil y salvaguardar los servicios públicos, la percepción ciudadana es de frustración ante un esquema que parece premiar el estancamiento y castigar el esfuerzo de la clase trabajadora en una de las potencias más desiguales del Norte Global.
