La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos (FSU) preparan una huelga nacional para coincidir con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, debate que el Gobierno de Javier Milei busca adelantar al jueves 19 de febrero.
La central obrera definirá este lunes los alcances de la medida, mientras que el FSU ya confirmó un paro con movilización el día en que la iniciativa llegue a la Cámara Baja. El FSU agrupa a la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato de Aceiteros y a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina. Las organizaciones adelantaron que sostendrán las protestas pese a la fuerte represión registrada en la manifestación de la semana pasada.
El proyecto obtuvo media sanción en el Senado tras modificaciones impulsadas por el oficialismo para asegurar su aprobación. Sin embargo, un análisis posterior de la redacción final encendió alarmas en el movimiento sindical, que advierte sobre una pérdida sustancial de derechos laborales.
Entre los puntos más cuestionados figura la posibilidad de extender la jornada hasta 12 horas continuas, cambios en el régimen de vacaciones, limitaciones en las licencias por enfermedad y la creación de un fondo que reemplazaría el sistema tradicional de indemnizaciones. Además, el texto mantiene la suspensión de la ultraactividad y altera el orden de prelación de los convenios, priorizando acuerdos por empresa o región sobre los convenios colectivos nacionales.
Este escenario reduce el margen para la estrategia de diálogo que la CGT sostuvo con la Casa Rosada. Dentro de la conducción crecen las posturas que reclaman un endurecimiento frente a las concesiones insuficientes.
El dirigente Cristián Jerónimo señaló, en declaraciones citadas por un diario local, que si no se atienden los reclamos gremiales el conflicto podría intensificarse. “Lo dijimos muy claramente, en la medida que no se reciban nuestros pedidos y nuestros reclamos, el conflicto va a escalar”, advirtió.
En la Cámara alta, la central sindical consiguió preservar el financiamiento de los gremios y de las obras sociales, pero no logró frenar otros cambios sensibles como la modificación del derecho de huelga y la pérdida de la primacía de los convenios nacionales.
Con la convocatoria a una huelga general, la CGT aspira a influir en los diputados para introducir nuevas correcciones que obliguen a que el proyecto regrese al Senado. Algunos dirigentes confían en que una eventual demora en la aprobación pueda alterar el escenario político, sobre todo si la situación económica se deteriora en los próximos meses.
El frente sindical también evalúa una estrategia judicial. Considera que la redacción presenta ambigüedades que abrirían la puerta a impugnaciones en tribunales, como ocurrió con intentos previos del Ejecutivo de limitar el derecho de huelga mediante decreto, medidas que fueron suspendidas por la Justicia.
En paralelo, la senadora oficialista Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, anunció que se revisará el artículo referido a las licencias médicas ante el amplio rechazo que generó. Según adelantó, en casos de enfermedades graves se garantizaría el pago íntegro del salario, en un intento por asegurar respaldos en Diputados.
