La clase obrera se enfrenta cada día a las peores consecuencias de la crisis capitalista. Mientras el Estado alimenta el gasto militar y protege los beneficios de bancos y patronal, nos empuja a una vida de miseria: salarios que no alcanzan, alquileres que se comen más de la mitad de nuestra nómina, hipotecas que nos asfixian, suministros que suben y la inseguridad permanente de no saber si el mes que viene seguiremos bajo un techo. Tener empleo ya no garantiza nada. La “normalidad” se ha convertido en elegir entre comer o pagar, siempre con la amenaza del desahucio pendiendo sobre nuestras cabezas.
Esta situación no es fruto de una coyuntura pasajera. Es el resultado de un modelo económico en el que la vivienda funciona como uno de sus principales pilares. En España, el parque de vivienda pública apenas ronda el 2 por cien del total, muy por debajo de la media europea. Esto no es casualidad: todo está dispuesto para extraer rentas, inflar precios, especular con suelo y convertir una necesidad en un negocio de lo más lucrativo. El Estado es su principal sostén: recalificando, incentivando la especulación, rescatando bancos, vendiendo la vivienda pública y, cuando hace falta, mandando a jueces y policía para garantizar su sacrosanta propiedad privada.
Por eso, casi toda la vivienda que un día fue pública o protegida ha acabado en el mercado, ya sea mediante adquisiciones particulares o mediante compras masivas por parte de fondos de inversión a precio de saldo. Los grandes fondos y bancos tienen un papel decisivo, comprando y vendiendo en bloque y concentrando un alto porcentaje de vivienda en sus manos, pero la mayor parte de las viviendas se encuentra en manos de particulares, así como de sociedades limitadas que gestionan unas cuantas viviendas. Precisamente esta fragmentación impide que la estrategia del movimiento pueda limitarse a señalar a un puñado de fondos como únicos culpables del problema. El problema es un Estado que lo organiza, lo protege y lo hace rentable para grandes y pequeños.
En este contexto, dentro del movimiento popular se perfilan dos líneas. La primera confía en las reformas: regular usos, frenar abusos, poner límites al mercado. Pero ya lo hemos visto muchas veces: los gobiernos anuncian medidas, aprueban parches y, en la práctica, nada cambia. Sirve para arañar unos votos en sus farsas electorales y para marear al movimiento de vivienda, mientras el negocio permanece intacto.
La segunda línea apela a expropiar viviendas, incluso a “sacarlas del mercado”. Suena bien, porque señala correctamente que la propiedad privada de la vivienda es el núcleo del problema. El obstáculo aparece al intentar aterrizarla, ya que para expropiar viviendas -por supuesto, sin tener que pagar indemnizaciones millonarias a sus propietarios- la clase obrera tiene que tomar el poder, es decir, derribar el Estado capitalista y crear uno acorde a nuestras necesidades. Si convertimos esto en mera retórica, ajena a la situación en la que nos encontramos, corremos el riesgo de sembrar confusión y desmoralización entre quienes luchamos por el derecho a una vivienda digna.
La alternativa no pasa por elegir entre gestionar el desastre o proclamar soluciones imposibles en el corto plazo. Pasa por una reivindicación capaz de concentrar fuerzas, unificar a la clase obrera y arrancar conquistas reales. Esa reivindicación es clara: la construcción de un parque de vivienda pública, digna y de calidad, verdaderamente asequible, permanente y blindado contra la privatización. En la situación actual, garantizar techo hoy es una necesidad material urgente para amplios sectores de la población.
Conviene precisar que no hablo de la mal llamada “vivienda asequible” que los distintos gobiernos desde el PP hasta PSOE-Sumar presentan como solución: promociones levantadas sobre suelo público cedido a promotores privados, alquileres apenas unos euros por debajo del mercado y con fecha de caducidad. Ese modelo es un engaño que busca seguir alimentando el negocio enriqueciendo a constructoras y fondos, llamando “solución” a un producto financiero.
Los llamados “planes de choque” basados en recalificar suelo y acelerar la burocracia, como los impulsados por el gobierno de Ayuso, no buscan resolver el problema de la vivienda, sino facilitar la construcción privada y garantizar beneficios a constructoras y bancos. Se construye más, sí, pero no para la clase obrera, sino para el mercado.
Debemos luchar con uñas y dientes para que toda esa vivienda que están construyendo a mansalva no sea destinada al lucro de unos pocos, sino a resolver de forma inmediata las necesidades de la clase obrera. Construir vivienda pública, sí, pero bajo nuestras condiciones: propiedad pública y uso social permanente, sin caducidad y sin posibilidad de venta al mercado; alquileres proporcionales a los ingresos, no al precio de mercado; adjudicación transparente; prohibición de la privatización, suelo público, control público y cero beneficio privado.
Esto no es la solución definitiva -inexistente en el capitalismo-, pero sí es un cambio material que consigue alterar el mercado: cuando existe un parque público, el chantaje del propietario pierde fuerza y los precios dejan de dispararse con la misma facilidad. Es, en ese sentido, una conquista política.
La sanidad pública, la educación pública o las pensiones no fueron concesiones benevolentes del Estado, sino el resultado de luchas del movimiento popular. La vivienda debe situarse en ese mismo plano: como un servicio público esencial y una conquista arrancada mediante la lucha.
Nada de esto será concedido por el gobierno de turno. El régimen abyecto en el que vivimos pondrá todas las trabas y todo el arsenal represivo del que dispone para amedrentarnos. Tendremos que conquistarlo con una organización independiente y oponiendo resistencia mediante desobediencia, escraches, sabotajes, etc., sin limitarnos a pedir permiso y sin temor a señalar a nuestros verdaderos enemigos. Solo la lucha sin cuartel contra los buitres capitalistas y sus gestores nos permitirá arrancar mejoras para la clase obrera.
La cuestión es levantar un movimiento capaz de unificar al conjunto de los sectores populares en torno a una demanda común: vivienda pública, permanente. Porque cuando la clase obrera se organiza y pierde el miedo, el Estado retrocede. Y retroceso a retroceso, conquista a conquista, se abre de verdad camino a cambios más profundos.
