La patronal quiere trabajadores con miedo hasta a enfermarse.
Cada cierto tiempo la patronal se quita la máscara y vuelve a mostrar cuál es su verdadero proyecto para la clase trabajadora. No se conforman con obtener beneficios millonarios gracias al esfuerzo de quienes levantan cada día este país. No les basta con la precariedad, con los salarios insuficientes, con la temporalidad o con la pérdida constante de poder adquisitivo. Quieren más. Quieren trabajadores sumisos, asustados, agradecidos por conservar un empleo y dispuestos a acudir a su puesto incluso cuando están enfermos.
Las últimas declaraciones de representantes empresariales y las exigencias planteadas por la CEOE son una muestra más de esa ofensiva contra los derechos laborales. Pretenden que las mutuas tengan capacidad para dar altas médicas por enfermedad común y reclaman recuperar el despido por absentismo, una medida que fue derogada en 2020 por su enorme injusticia y por el grave perjuicio que suponía para miles de trabajadores.
No es casualidad. Detrás de estas propuestas existe una visión profundamente clasista de la sociedad. Para la patronal, el trabajador ideal es aquel que no protesta, que no se organiza sindicalmente, que acepta cualquier condición y que continúa produciendo aunque su salud se encuentre deteriorada. Un trabajador enfermo no es visto como una persona que necesita recuperarse, sino como un problema para la cuenta de resultados.
Resulta especialmente indignante escuchar a responsables empresariales llamar «memos» a jóvenes que sufren bajas relacionadas con la salud mental. Como si la ansiedad, la depresión o el agotamiento psicológico fueran caprichos. Como si las condiciones de vida actuales, la incertidumbre laboral, la precariedad, los problemas de acceso a la vivienda o la presión constante no tuvieran consecuencias sobre la salud de millones de personas.
Lo que estamos viendo es una criminalización sistemática de la enfermedad. Se intenta instalar la idea de que quien está de baja es un sospechoso, un potencial defraudador o un privilegiado que quiere aprovecharse del sistema. Es la misma estrategia de siempre: enfrentar a los trabajadores entre sí para ocultar a los verdaderos responsables de los problemas.
La realidad es que nadie elige enfermar. Nadie decide pasar semanas o meses recuperándose de una lesión, de una enfermedad grave o de un trastorno psicológico. Sin embargo, desde determinados sectores políticos y empresariales se insiste en presentar las bajas médicas como un abuso y no como un derecho fundamental ligado a la protección de la salud.
Obligar a una persona a regresar a su puesto de trabajo sin estar plenamente recuperada, bajo la amenaza de perder ingresos o incluso de ser despedida, constituye una agresión directa contra su dignidad y contra su integridad física. Esto provoca recaídas, cronifica enfermedades, multiplica los riesgos laborales y acaba afectando también a las familias trabajadoras. Detrás de cada estadística hay personas reales que sufren las consecuencias de estas políticas.
Los derechos laborales no fueron un regalo de ningún empresario ni de ningún gobierno benevolente. Fueron conquistados mediante décadas de lucha sindical, movilizaciones, huelgas, sacrificios e incluso represión. Costaron sangre, sudor y lágrimas a generaciones enteras de trabajadores y trabajadoras. Por eso resulta tan indignante escuchar hoy a quienes pretenden retroceder más de un siglo en materia de derechos sociales.
La salud de un pueblo no puede estar subordinada a los balances empresariales ni a los objetivos de ahorro de quienes solo ven números donde deberían ver personas. Una sociedad decente protege a quienes enferman; no los persigue ni los castiga.
Frente a esta nueva ofensiva patronal, la respuesta debe ser clara. Más organización, más conciencia de clase y más movilización. Hay que defender la sanidad pública, fortalecer los derechos laborales y rechazar cualquier intento de convertir la enfermedad en una causa de despido o en un motivo de sospecha.
Porque cuando la patronal habla de flexibilidad, normalmente está hablando de nuestros derechos. Cuando habla de eficiencia, suele referirse a recortes. Y cuando habla de absentismo, muchas veces está señalando a trabajadores que simplemente tienen la desgracia de estar enfermos.
La clase trabajadora no necesita miedo. Necesita derechos, protección y dignidad. Y esos derechos solo se conservarán si somos capaces de defenderlos con la misma determinación con la que fueron conquistados. Porque, una vez más, nos va la salud, nos va la dignidad y nos va la vida en ello.
La historia demuestra que ninguno de los derechos de los que hoy disfrutamos llegó por la buena voluntad de quienes concentraban el poder económico o político. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la seguridad social, la negociación colectiva o el derecho a la baja médica fueron conquistas logradas gracias a la organización y la lucha de generaciones de trabajadores y trabajadoras.
Más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir entre unas personas y otras, aspirar a un mundo más justo significa defender la dignidad humana, combatir la explotación, reducir las desigualdades y garantizar que nadie quede abandonado por motivos económicos, sociales o de salud.
André Abeledo Fernández
