El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechaza de manera categórica la reciente operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, que culminó con la ejecución extrajudicial de Héctor Guerrero Flores, conocido como alias “Niño Guerrero”, en el estado Bolívar. La propia administración del gobierno imperialista de Estados Unidos reconoció que la acción fue realizada por el Comando Sur en coordinación con autoridades venezolanas, mientras el Gobierno nacional guardó silencio hasta que Washington decidió hacer pública la operación.
Nos encontramos ante una nueva incursión militar extranjera en territorio nacional. Se trata de otro episodio de violación de la soberanía venezolana y de subordinación del Gobierno venezolano a los intereses de Estados Unidos, la misma potencia que hace pocos meses bombardeó Caracas y secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y hoy actúa como poder tutelar sobre las decisiones fundamentales del país.
Resulta particularmente grave que el Gobierno que durante años negó la existencia del Tren de Aragua y descalificó las denuncias sobre la expansión de esta organización criminal, ahora pretenda presentar como un éxito una operación conjunta con fuerzas militares estadounidenses para ejecutar a quien reconoce como fundador y principal dirigente de esa banda.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede convertirse en una coartada para legitimar operaciones militares extranjeras, la cesión de soberanía nacional ni la presencia de aparatos de guerra de una potencia imperialista en nuestro territorio. La experiencia internacional demuestra que, detrás de este tipo de intervenciones, suelen abrirse paso intereses económicos vinculados al control de recursos naturales y territorios estratégicos.
En el caso del estado Bolívar, donde se concentran importantes reservas de oro y otros minerales, preocupa que estas operaciones sirvan para afianzar el control de corporaciones transnacionales interesadas en la expoliación y no para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por la violencia.
Asimismo, el PCV alerta sobre la gravedad de la ejecución extrajudicial anunciada por las autoridades estadounidenses. Ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de la vida al margen de un debido proceso. La ejecución sumaria constituye una violación de principios fundamentales del derecho internacional y de las garantías universales de derechos humanos. Estados Unidos ha incurrido reiteradamente en este tipo de prácticas desde que a mediados de 2025 comenzara a asesinar personas en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece con claridad la obligación de defender la independencia y la soberanía de la nación. Ningún acuerdo opaco entre gobiernos puede colocarse por encima de la voluntad popular ni del ordenamiento constitucional.
Frente a esta nueva vulneración de la soberanía nacional, el Partido Comunista de Venezuela llama a los trabajadores, campesinos, estudiantes, movimientos populares, organizaciones democráticas y fuerzas patrióticas a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la independencia nacional, los recursos estratégicos del país y los derechos del pueblo venezolano.
Tal como establece el artículo 333 de la Constitución, cuando ésta deje de observarse por actos de fuerza o por cualquier medio distinto a los previstos en ella, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
La defensa de la soberanía no puede quedar en manos de quienes la negocian. Corresponde al pueblo venezolano asumir la tarea histórica de impedir que Venezuela sea convertida en una plataforma de dominación extranjera y saqueo imperialista.
¡Fuera toda injerencia extranjera!
¡Por la soberanía nacional y los derechos del pueblo trabajador!
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Caracas, 15 de junio de 2026
