La derecha y la patronal quieren trabajadores sin derechos
Hay declaraciones que no son simples ocurrencias. Son avisos. Nos muestran con claridad el modelo de sociedad que algunos quieren construir. Cuando la patronal plantea permitir trabajar en la construcción desde los 16 años porque «falta mano de obra», no está proponiendo una solución. Está reconociendo el fracaso de un sistema que se niega a mejorar los salarios y las condiciones laborales para atraer trabajadores.
La propuesta no parte del Gobierno, sino de la patronal de la construcción. Ante la falta de mano de obra, las organizaciones empresariales han planteado permitir que adolescentes de 16 años puedan trabajar en las obras. En lugar de preguntarse por qué faltan trabajadores dispuestos a aceptar esos empleos, prefieren rebajar los límites laborales antes que mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y la seguridad.
Es una propuesta profundamente reveladora. Cuando la solución que plantea la patronal no es pagar mejor ni ofrecer empleos más dignos, sino incorporar a menores de edad a uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral, queda claro cuál es su modelo. Si hoy defienden que jóvenes de 16 años entren en las obras, mañana nos dirán que los menores deben trabajar para ayudar a sus familias a llegar a fin de mes. Siempre con el mismo argumento: que la economía lo exige. En realidad, lo que buscan es mano de obra más barata y con menor capacidad para defender sus derechos.
La pregunta no es por qué faltan trabajadores. La pregunta es por qué cada vez menos personas están dispuestas a aceptar empleos precarios, peligrosos y mal pagados.
Si el trabajo fuera digno, si los salarios permitieran vivir con tranquilidad y si las condiciones fueran justas, no existiría ese supuesto problema de falta de mano de obra. Lo que realmente escasea no son trabajadores. Lo que escasean son empresarios dispuestos a repartir una parte razonable de los beneficios que generan quienes levantan cada edificio, producen cada mercancía o mantienen en marcha la economía.
Lo verdaderamente preocupante es que cada propuesta parece superar a la anterior. Hoy hablan de abrir las obras a jóvenes de 16 años. Mañana dirán que los menores deberían poder trabajar para ayudar económicamente a sus familias. Lo venderán como libertad, como cultura del esfuerzo o como una medida necesaria para el crecimiento económico. Pero la historia ya nos enseñó lo que significan esas palabras cuando las pronuncian quienes siempre han defendido los privilegios de una minoría.
Los derechos laborales nunca fueron un regalo. Se conquistaron con huelgas, con persecuciones, con despidos, con cárcel e incluso con la vida de miles de trabajadores. La jornada de ocho horas, las vacaciones, la negociación colectiva, las bajas médicas, la prevención de riesgos laborales o las indemnizaciones por despido existen porque generaciones enteras lucharon para arrancarlas a quienes se oponían ferozmente a cualquier avance social.
Sin embargo, hoy asistimos a una ofensiva perfectamente organizada contra esas conquistas.
Feijóo insiste en mezclar deliberadamente el absentismo laboral con las bajas médicas. No es una confusión inocente. Es una estrategia política para presentar a quien enferma como un sospechoso y preparar el terreno para reducir aún más sus derechos. Como si una persona eligiera tener un cáncer, una depresión, una lesión lumbar o una neumonía. Como si ponerse enfermo fuera un privilegio.
En Galicia, Alfonso Rueda ha ido todavía más lejos. Su Gobierno ha impulsado incentivos económicos para que los médicos reduzcan las bajas laborales. Se transforma así un problema sanitario en un objetivo presupuestario. En lugar de preguntarse cómo mejorar la salud de la población trabajadora, la prioridad pasa a ser gastar menos aunque eso signifique empujar a personas enfermas a reincorporarse antes de tiempo.
Cuando la salud depende del ahorro presupuestario, dejan de importar los pacientes y empiezan a importar las estadísticas.
Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal no solo respaldan este discurso, sino que exigen profundizar todavía más en él. Cada una de sus propuestas apunta en la misma dirección: menos protección para quien trabaja y más poder para quienes ya concentran la riqueza y los beneficios.
Quieren convencernos de que el problema son los trabajadores que cogen una baja médica y no las multinacionales que obtienen beneficios récord. Que el enemigo es quien reclama un salario digno y no quien convierte la precariedad en un modelo de negocio. Que el exceso de derechos es el obstáculo para el crecimiento económico.
Pero la realidad demuestra exactamente lo contrario. Las sociedades más desarrolladas son precisamente aquellas donde existen mejores salarios, mayor protección social, sindicatos fuertes y una legislación laboral capaz de equilibrar la enorme desigualdad entre empresario y trabajador.
No estamos asistiendo a un debate técnico sobre el mercado laboral. Estamos presenciando una batalla ideológica. Se pretende sustituir el derecho al trabajo digno por la obligación de aceptar cualquier empleo en cualquier condición. Se quiere que trabajar enfermo vuelva a ser normal, que despedir sea cada vez más barato, que los salarios pierdan poder adquisitivo y que la conciliación familiar sea un lujo reservado para unos pocos.
En definitiva, se quiere que vivamos para trabajar y no que trabajemos para vivir.
La clase trabajadora debería observar con atención cada una de estas propuestas. No son hechos aislados. Forman parte de un mismo proyecto político y económico que persigue debilitar a quienes viven de su salario mientras fortalece el poder de quienes viven del trabajo ajeno.
La historia demuestra que los derechos pueden conquistarse, pero también perderse. Y cuando la sociedad deja de defenderlos, quienes siempre se opusieron a ellos no tardan en intentar arrebatarlos.
Por eso este no es el momento de mirar hacia otro lado. Es el momento de reaccionar, de organizarse y de recordar una verdad que algunos quieren hacernos olvidar: sin la clase trabajadora no funciona absolutamente nada. Somos quienes levantamos este país cada día. Y ningún derecho debe darse jamás por garantizado.
André Abeledo Fernández
