Infantino para la ONU: el símbolo definitivo de la subordinación al poder estadounidense
La sola posibilidad de que Donald Trump impulse a Gianni Infantino como próximo secretario general de las Naciones Unidas retrata mejor que mil discursos el estado de las instituciones internacionales. No se trata únicamente de una filtración publicada por varios medios internacionales y que, hasta el momento, no ha sido desmentida por la Casa Blanca ni por la propia FIFA. Se trata de lo que representa políticamente esa posibilidad.
Gianni Infantino ha convertido la FIFA en una organización rodeada de polémicas. Su mandato ha estado marcado por acusaciones de favoritismo, por una creciente politización del fútbol y por una proximidad con Donald Trump que durante el Mundial de 2026 dejó de ser una simple impresión para convertirse en una evidencia ante los ojos de millones de personas. La controversia por la revocación de la sanción a un jugador estadounidense tras la intervención de Trump alimentó aún más las dudas sobre la independencia de la FIFA. A ello se suman las denuncias, repetidas desde federaciones y confederaciones de medio mundo, de un trato de favor sistemático hacia los intereses de Washington en la organización del propio Mundial, desde el reparto de sedes hasta las facilidades comerciales. Un dirigente señalado por eso mismo resulta, cuanto menos, incompatible con presidir un organismo que debería representar el equilibrio entre todos los pueblos del planeta.
Ahora ese mismo dirigente aparece como posible candidato para dirigir la ONU. Si finalmente esa operación llegase a materializarse, no sería una simple sustitución de nombres. Sería la confirmación de que las instituciones internacionales han dejado de guardar siquiera las apariencias de independencia frente a las grandes potencias.
La ONU atraviesa desde hace años una profunda crisis de credibilidad. Su incapacidad para impedir guerras, hacer cumplir el derecho internacional o garantizar que las resoluciones aprobadas sean respetadas ha debilitado enormemente su autoridad moral. Cada vez más ciudadanos contemplan cómo el derecho internacional parece aplicarse con distinto rasero según quién sea el aliado y quién sea el adversario de Washington.
Todo ello abre un debate que ya no puede seguir evitándose. ¿Debe seguir estando la sede de Naciones Unidas en Estados Unidos? ¿Puede una organización que aspira a representar a toda la comunidad internacional mantener su independencia cuando depende del país que la acoge y que, además, utiliza su enorme influencia política y diplomática para defender prioritariamente sus propios intereses?
Basta repasar los últimos meses para entender que no se trata de una sospecha abstracta, sino de una acumulación de hechos que deberían bastar para que cualquier organismo internacional serio se planteara su relación de dependencia con Washington.
Ahí está el respaldo incondicional de Trump a Netanyahu, pese a que este último pesa sobre él una orden del tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Ahí está el apoyo sostenido a Israel en sus ataques contra el Líbano y Palestina, y la guerra ilegal contra Irán, una escalada que ha empujado a buena parte del planeta hacia una crisis económica y energética cuyas consecuencias pagan, como siempre, los pueblos y no quienes deciden las guerras. Ahí está el secuestro militar del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, sacado a la fuerza de su residencia en Caracas y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde su juicio se ha ido aplazando reiteradamente mientras Trump alardea abiertamente de haberse apropiado del petróleo venezolano. La propia defensa de Maduro insiste en la ilegalidad de esa operación y sostiene que un jefe de Estado extranjero no puede ser juzgado por tribunales estadounidenses. Ahí está la persecución sistemática de los migrantes y los abusos de ICE, que se han saldado ya con varias muertes en el curso de sus actuaciones. Ahí están, incluso, las trabas puestas a la entrada de extranjeros en suelo estadounidense durante una competición internacional como el propio Mundial de fútbol, prueba de que ni un acontecimiento de esa magnitud escapa a la lógica del control migratorio más agresivo.
Ninguno de estos hechos es anecdótico. Juntos dibujan el perfil de una potencia que impone su ley por encima del derecho internacional y que, al mismo tiempo, alberga en su territorio la sede del organismo llamado a hacer respetar ese derecho. Esa contradicción, sostenida año tras año, es la que corroe por dentro la credibilidad de Naciones Unidas.
No se trata de una cuestión simbólica. Es una cuestión de credibilidad. Porque cuando las instituciones dejan de parecer neutrales, dejan también de ser percibidas como árbitros legítimos.
Que sea precisamente Donald Trump quien pretenda impulsar a Gianni Infantino para dirigir Naciones Unidas resulta profundamente significativo. Ambos representan una forma de entender el poder basada en la personalización del liderazgo, la utilización política de las instituciones y la confusión entre los intereses particulares y los intereses generales.
La ONU necesita recuperar independencia, prestigio y legitimidad. Y esa recuperación pasa, también, por preguntarse si su sede puede seguir estando en el país que con mayor descaro utiliza su poder para saltarse las normas que dice defender. Si acaba convirtiéndose en otro escenario más de las luchas de poder de Washington, habrá dejado de cumplir la función para la que fue creada. Y si algún día un dirigente cuya gestión al frente de la FIFA ha sido objeto de tantas controversias termina ocupando la máxima responsabilidad de Naciones Unidas, muchos ciudadanos concluirán que la degradación de las instituciones internacionales ha alcanzado un punto del que será muy difícil regresar.
André Abeledo Fernández
