Fernando (Unidad y Lucha).— Entre finales de agosto y septiembre se han venido anunciando una serie de “acuerdos” petroleros para la explotación de los recursos soberanos de Venezuela, en los cuales intervendrán diferentes empresas internacionales: principalmente estadounidenses, pero también europeas. El que anunció Donald Trump a bombo y platillo es el de North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad mercantil de la cual el Estado yanqui tiene el 35 % de las acciones, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra. Posteriormente, Delcy Rodríguez declaró también su intención de ir firmando más “acuerdos” con otras grandes multinacionales, como las estadounidenses Chevron y ExxonMobil, la española Repsol, la italiana Eni, la británica BP y la británico-holandesa Shell, entre otras. Mientras se escriben estas líneas, se ha anunciado uno con la francesa Total Energies.
Estos contratos vienen posibilitados por la alteración unilateral que, a finales del mes de enero, realizaron la “presidenta encargada” Rodríguez y su equipo transitorio sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana, sin ningún tipo de consulta acerca del respaldo obrero y popular (o no) a una medida tan crítica para la economía y el desarrollo del país… y tan solo cuatro semanas escasas después del bombardeo del ejército yanqui contra Caracas, el secuestro del legítimo presidente bolivariano Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, así como el asesinato de alrededor de un centenar de personas, civiles y militares, incluyendo 32 internacionalistas cubanos.
Rodríguez argumenta que lo hace con la intención de consolidar Venezuela como una «potencia energética», apoyándose en la inversión extranjera (curiosamente, la del propio imperialismo agresor) para así aumentar la producción petrolífera, con miras a un «renacimiento económico del país» y una «reconstrucción» tras el doble terremoto de junio. No obstante, y aunque se puede comprender lo difícil de maniobrar con una hipotética agresión militar directa flotando en el ambiente, las cifras que se han hecho públicas apuntan más bien hacia una entrega o una capitulación que hacia un “acuerdo” beneficioso para ambas partes.
Únicamente la concesión a NABEP (y, por ende, a Washington, que se garantizaría un 20 % de la producción a precio de coste, además de derecho preferente sobre el otro 80 %) abarca ya 17 campos petrolíferos en las zonas de la faja del Orinoco y el lago de Maracaibo, con 65 000 millones de barriles: más del 21 % de todas las reservas probadas venezolanas, que se estiman oficialmente en alrededor de 300 000 millones de barriles, las mayores del mundo. Para hacernos una idea, solo estos 65 000 millones de barriles son ya del mismo orden que el conjunto de reservas estadounidenses, en torno a 74 000 millones de barriles. Según Rodríguez, la explotación sería mediante una cesión preferencial durante 25 años, si bien desde EE. UU. insisten en que será por 100 años. Tal es la implicación indisimulada yanqui que tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el de Guerra, Pete Hegseth, son firmantes del acuerdo, a su vez, mediado por Chris Wright, secretario de Energía.
Respecto a las cantidades económicas, se habla de 100 000 millones de dólares estadounidenses en inversión —infraestructuras de la industria petrolera—, más unos 209 000 millones en pagos al Estado venezolano en esos primeros 25 años. Las cuentas son bastante sencillas: unos míseros 3.2 $ (menos de 3 €) por cada barril.
Mientras, Trump, con su verborrea habitual, se jacta de que «tomamos el control de Venezuela y ya hemos pagado la guerra unas 54 veces. […] Venezuela está prosperando y le va de maravilla. […] Y ExxonMobil y Chevron […] extrayendo millones de barriles de petróleo a la semana, que van a Houston» para ser refinados.
Coloquialmente y simplificando mucho, el presente y el futuro pintan muy feos en Venezuela para el pueblo trabajador bolivariano y sus aliados regionales.
