En ese periodo, las condenas firmes a los agentes ascendieron a 47. Estos son los últimos datos disponibles, según el Gobierno, de investigaciones sobre la «extralimitación o vulneración de los derechos humanos» por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La lectura que hace el Ministerio del Interior de su propia estadística —parcial al no recoger datos de policías autonómicas o locales y desactualizada— es que la ratio de condenas acredita que solo una ínfima parte de los casos investigados terminan siendo «denuncias de verdad». Fuentes de Interior añaden que en España «tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil actúan con escrupuloso respeto a la legalidad en el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales».
Sin embargo, organismos internacionales (ONU y UE), así como diversas ONG nacionales especializadas en derechos humanos denuncian que, si bien no se puede hablar de torturas (eso no es cierto: varios Relatores de la ONU Contra la Tortura así lo denunciaron, nota de blog) sistemáticas en España, los malos tratos policiales son «más que casos aislados» una realidad «infravigilada» en la que los agentes gozan de una «gran impunidad».
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