La noche del 29 de diciembre de 2024 no fue, como esperaba buena parte del mundo, un preludio de acuerdo de paz navideño. Fue el instante en que el régimen de Kiev, con una precisión escalofriante y una desfachatez calculada, intentó convertir la víspera de Año Nuevo en un punto de no retorno. Noventa y un drones de largo alcance —algunos con carga explosiva, todos con GPS militarizado— se lanzaron contra una residencia oficial del presidente Vladímir Putin en la provincia de Nóvgorod. Ninguno llegó a su destino: los sistemas de defensa antiaérea rusa actuaron con eficacia quirúrgica. Pero el daño ya estaba hecho. No en piedra, carne o acero, sino en la arquitectura de la credibilidad diplomática. Lo que Moscú califica sin ambages como “un atentado terrorista” —y no, como insisten algunos, una mera “provocación”— no fue un ataque más en una guerra ya saturada de violencia. Fue una declaración de intenciones: la paz no se negocia; se impide.