Lucía Manara.— Casi dos semanas han pasado desde la muerte del fascista Quentin Deranque, con el clima político francés incandescente por el fuego cruzado de las agresiones fascistas y el carrusel de las declaraciones de los partidos parlamentarios –La France Insoumise (LFI) incluida–, cuyo objetivo común es el antifascismo militante. Es así que el contexto francés se nos presenta como ejemplo de manual de las tendencias fascistas en buena parte de los países europeos occidentales, ya que la implantación de gobiernos autoritarios no se está dando por mano de los fascistas, aunque su aumento tanto en la representación política como en las calles y su taladrante propaganda funcionan para imponer la agenda de la oligarquía y condicionar todos los partidos del arco parlamentario.
En la Línea Política del Movimiento Socialista publicada el anterior noviembre, se argumentaba que el fascismo responde a un preciso programa de la oligarquía para imponer su agenda política y cultural en un contexto de crisis social y pérdida de la centralidad imperial de los países del centro global. La situación del Estado francés es, pues, paradigmática: la crisis histórica le ha acarreado un déficit presupuestario récord, el cual a su vez ha desencadenado tensiones sociales por los recortes en servicios públicos. Es más, de los países colonialistas es el que más golpes ha recibido en la última década: su pérdida de influencia neocolonial en el Sahel es notoria y la resistencia anticolonial en Nueva Caledonia aún no se ha apagado.
Es en este contexto de crisis y pérdida de posiciones en el tablero imperial que se instaura el programa político y cultural de la oligarquía, que responde a tres grandes objetivos. Otra vez, el Estado francés es ejemplar. En primer lugar, reemprender el imperialismo, para el cual es imprescindible el rearme. Para ello, Macron se ha puesto a la vanguardia de la escalada bélica en Europa, proponiéndose doblar el presupuesto militar –con el cual financiarán el portaaviones nuclear más grande de Europa–, y es uno de los más entusiastas de la coalición de los dispuestos. Al mismo tiempo, se reintroduce en el Estado francés el servicio militar, pero “voluntario”. En segundo lugar, la destrucción del Estado social; el anterior ejecutivo, hace menos de un año, planteó la congelación de las pensiones, un descenso del empleo público y reducciones significativas en el gasto sanitario y social. Además, reformas administrativas claramente antiproletarias y dirigidas especialmente a punir la migración han sido implementadas sin mayor rubor, p.e. el control masivo de beneficiarios de prestaciones sociales como la CAF. Por acabar, la instauración del Estado autoritario, que encuentra en la francesa una constitución favorable gracias al artículo de sabor bonapartista 49.3, invocado y aplicado varias veces en los últimos cinco años. Este último se hizo famoso con la reforma de las pensiones, impuesta sin pasar por la Asamblea Nacional, y puesta en pausa (no anulada) hasta 2027. Aunque algunas de estas medidas no han sido aún implantadas y desarrolladas del todo, tampoco la clase dirigente francesa se ha echado para atrás: debido a crisis de gobernabilidad y numerosas protestas se han suspendido o atrasado temporalmente, pero la espada de Damocles todavía pende sobre la cabeza del proletariado francés, empuñada por la oligarquía y sostenida por los partidos institucionales de todo el arco parlamentario.
A la hora de crear las condiciones sociales y políticas para la implantación de su programa, el fascismo es el más leal criado de la oligarquía, en tanto que sabe aprovecharse del resentimiento de las clases medias –en el Estado francés, sobre todo, las rurales– nutrido por la crisis y los recortes. El fascismo sirve, pues, de palanca cultural para la trasformación hacia el Estado autoritario: ya que se aprovecha de la realidad objetiva sobre la que se alimenta el sentimiento reaccionario, funciona como polo de atracción cultural para todos los partidos, que se ven obligados si no a aprobar en todo su agenda, por lo menos a asimilar su marco cultural, para implantar luego las reformas requeridas por la oligarquía.
Con su programa todo centrado en inmigración y seguridad, el fascismo –no importa aquí si en traje y corbata a la Reagrupament Nacional o con las porras de Audace Lyon– crea un supuesto estado de emergencia en contra del enemigo interno, que viene oportunamente criminalizado. El principal blanco del fascismo internacional –a la vista de todos están las actuaciones de la Gestapo de Trump– son los migrantes, que encarnan a la perfección el papel de peligro para la pureza de la nación. Pero el fascismo se ceba también contra el colectivo LGTB, las mujeres y el proletariado más pauperizado. Esto es especialmente importante en un contexto como el del Estado francés, en el que hay una gobernabilidad en la cuerda floja y numerosas protestas, y es necesario descargar el descontento social contra el chivo expiatorio de turno. La cabeza de turco designada estas semanas han sido los grupos antifascistas militantes, contra los cuales, más allá de la criminalización mediática pertrechada por grupos parlamentarios y medios supuestamente “democráticos” y liberales, se están produciendo ataques fascistas destinados a disciplinar el proletariado organizado.
Así llegamos a los sucesos de las últimas semanas, que se caracterizan por la criminalización mediática e institucional del antifascismo militante y por una oleada de violencia fascista. Se entremezclan, pues, tentativas de achacar el aumento de la tensión a los grupos radicales de izquierda –los acontecimientos de Lyon fueron inicialmente descritos en los principales medios como «emboscada antifascista»–, un nauseabundo blanqueamiento del escuadrismo que, en el mayor periódico francés, martirizaba a Quentin Deranque como un «católico linchado por sus ideas», y el repunte de la violencia fascista: una amenaza de bomba contra la sede nacional de LFI, amenazas de muerte, ataques a sedes de LFI, manifestaciones y patrullas fascistas, y diferentes ataques contra sindicatos y mezquitas en Lyon, unos de los epicentros del fascismo escuadrista europeo y teatro principal de los acontecimientos de las últimas semanas, ciudad además en la que se reunieron el sábado más de 3000 fascistas cuidadosamente protegidos por la policía y autorizados por el Gobierno.
En este contexto, si era de esperar que el fascismo en traje y corbata aprovechara la situación para exigir la ilegalización del antifascismo y «poner fin a la impunidad de la extrema izquierda», si también era de esperar, desde una perspectiva de desgaste interno en los equilibrios de las fuerzas parlamentarias francesas cara a las elecciones municipales de marzo, que el ministro Darmanin acusara a LFI de «complicidad» y el secretario general de los socialistas le reclamara un «examen de conciencia» por su «forma de volverlo todo conflictivo», mucho menos clarividentes y perspicaces resultan las reacciones de los insumisos.
Veréis, considerado que el ataque del jueves 12 de febrero se produjo en el contexto de un acto de LFI, teniendo en cuenta que este mismo partido se ha convertido en el blanco preferente de los ataques escuadristas y de los señalamientos institucionales, y que tres de los antifascistas arrestados eran –antes de auto-suspender sus funciones y ser seguidamente despedidos– asistentes de un diputado insumiso, no hubiera sido descabellado, por parte de La France insoumise, esperar unas reacciones contudentes, sí, pero contra los fascistas. Nada más lejos de la realidad, y esto nos confirma que la socialdemocracia carece completamente de sentido histórico y, tristemente, se empeña en seguir los mismos pasos que abrieron camino a la instauración en Europa de regímenes fascistas.
Desde el primer momento, Rima Hassan, la misma que iba a dar la conferencia atacada por los fascistas, condenó «con firmeza» la intervención antifascista, su partido pidió acciones legales contra los antifascistas, y Mélenchon añadió hace pocos días: «por primera vez la gente ha comprendido que lo que está en juego es la gran batalla final entre nosotros y Agrupación Nacional. La batalla ha comenzado ahora y terminará en abril de 2027» (la cursiva es mía). En estas últimas declaraciones podemos apreciar, pues, cómo la socialdemocracia entiende el fascismo: como una contienda electoral, que requiere reducir al mismo marco todo el antifascismo, hasta llegar a dejar vendidos militantes propios.
Pues bien, estos señores que no tienen reparo alguno en entregar a los que se organizan para impedir el avance del fascismo, son los mismos que se llenan la boca con la unidad del pueblo cada vez que suena la hora de las elecciones. Hasta cuando son blanco directo de ataques escuadristas, siguen entendiendo el fascismo meramente como un hecho electoral y no como el fenómeno complejo que es, que responde al programa de la oligarquía, que tiene un fuerte componente cultural y es ejecutado por todos los partidos del arco parlamentario. Obviando este factor fundamental, la socialdemocracia, sumida en dinámicas partidistas y electoralistas que la desarman completamente frente a la reacción cultural, renuncia de partida a una lucha integral contra el fascismo. Su propuesta es unir las fuerzas “antifascistas” en una ambigua coalición electoral, como el Nouveau Front Populaire, y renuncia inmediatamente a las únicas acciones con las cuales podrían ayudar desde su propia posición: revertir la agenda de la oligarquía otanista, tomar serias medidas de defensa antifascista (por ejemplo, despenalizando el antifascismo militante y promoviendo su organización desde las bases), ilegalizar los grupos y partidos fascistas, detener sus jefes, suprimir su prensa y cerrar sus canales de difusión, confiscar sus recursos y desarmarlos. No lo hacen y no lo quieren hacer, como nos enseña una vez más lo que está ocurriendo en el Estado francés.
Los comunistas somos gente responsable. Dependiendo de las circunstancias y de nuestras fuerzas, haremos todo lo que está en nuestras manos para acabar con el fascismo y no descartamos a priori ninguna alianza posible. Pues bien, puesto que hoy en día no existe ningún gran partido comunista capaz de imponer alianzas con sentido históricamente progresista y no limitadas a una ambigua acción parlamentaria y, sobre todo, puesto que el programa de la oligarquía está siendo implementado por todas las familias políticas del capital, sería totalmente irresponsable por nuestra parte asumir el marco de la socialdemocracia, el que impone la unidad a precio de la renuncia del compromiso militante con el antifascismo y el comunismo. Eso implicaría reforzar la reacción cultural, dejar que el fascismo se alimente de la inoperatividad política de tal coalición y campe a sus anchas, implementar las medidas antiproletarias de la agenda oligárquica como “mal menor” frente a un fascismo que hace exactamente lo mismo pero sin complejos, en fin, significaría hipotecar la posibilidad de recomponer políticamente y organizativamente el comunismo y, por ende, renunciar a enviar el fascismo al basurero de la historia.
Mientras ponemos mano a la obra en la construcción de un partido comunista unificado a escala internacional, en lo inmediato, se trata de dejar al descubierto la hipocresía de la socialdemocracia, organizar la solidaridad con los detenidos y los imputados de Lyon y con los militantes y las bases de LFI atacadas por el fascismo, luchar contra los ataques a los derechos políticos –incluso posibles medidas anti-LFI que comprometerían las condiciones políticas de toda la clase–, defender la legitimidad y la necesidad del antifascismo militante, popularizarlo entre la juventud y la clase trabajadora, dotarlo de una dimensión internacional que vaya más allá de contactos esporádicos y, sobre todo, aportarle el marco estratégico fundamental del comunismo como única posibilidad real de eliminar la escoria fascista de la faz de la tierra.
