Ángeles Maestro.— El 9 de noviembre llegaban dos noticias estrechamente relacionadas:
- el dominical de El País dedicado al Foro “Diálogos para la Seguridad” y
- la cancelación por Youtube del canal “Reflexiones Iracundas”
La segunda edición del Foro se celebró en el Hotel Palace; fue organizado por El País y tenía por objeto analizar el marco económico y geoestratégico del Rearme de la UE, y en concreto del Reino de España. Como suele ocurrir, los gastos del evento corrieron a cargo de quienes están recibiendo cantidades tan gigantescas de dinero público que, como ellos mismos reconocen, hace poco ni podían soñar: Amper, EM&E Group, GMW e Indra Group, entre otras empresas. El apoyo institucional, es decir el de los encargados de regar las arcas empresariales con los presupuestos de las administraciones, estuvo representado por la ministra de la guerra (PSOE), la vicepresidenta del gobierno de Aragón (PP y Vox) y Borrell, el del jardín, ahora presidente de un think tank, el CIDOB, y ex vicepresidente de la Comisión Europea.
Los CEOs de las multinacionales armamentísticas se frotaban las manos y se deshacían en elogios a quien reconocían como único cliente, el Ministerio de Defensa, mientras hacían votos por una UE “unida y fuerte”, esencial para que el negocio fluya. La ministra con todo desparpajo exhibía sus logros: un gasto público oficial (el real es más del doble) que llega a 33.000 millones de euros en 2025, además de 10.470 millones más para el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa. El gasto militar de la UE alcanzó la cifra de 381.000 millones de euros que casi multiplica por cuatro la cifra récord anterior.
Su fervor guerrero siguió escalando nuevas cotas al afirmar que “seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que haga falta, porque están en juego nuestros valores y la democracia”. Le faltó decir “hasta el último ucraniano”. La evidencia de que son fascistas quienes gobiernan Ucrania es la vergüenza que hay que ocultar bajo la alfombra, porque sin el chantaje de la “amenaza rusa” el gigantesco expolio del presupuesto público no se sostendría.
Como muy bien saben los que se reunieron en el Hotel Palace – sede de la UGT durante el gobierno del Frente Popular – este escándalo ocurre mientras más de la cuarta parte de la población (25,8%) que financia con sus impuestos ese gasto, vive en la pobreza y la exclusión social. A los salarios y pensiones de miseria se les añade el desmantelamiento de los servicios públicos como sanidad, educación o servicios sociales, privatizados por unos y otros; además del esperpento de cerrar fábricas que producían bienes necesarios, para instalar industrias de la muerte.
Su problema es cómo manejar este profundo malestar social, que se mantiene oculto por ahora y que canaliza electoralmente Vox, tan cómplice del expolio como los demás. Aprovechando la desesperación creciente que anida sobre todo en la juventud como consecuencia de políticas al servicio del capital, el fascismo utiliza la corrupción y el espantajo de culpar a la emigración de la degradación de las condiciones de vida en los barrios obreros, falseando datos y ocultando, por ejemplo, que 220.000 ucranianos llegados después de 2022, viven con gastos pagados y prestaciones económicas.
El control de ese sordo malestar social, que se extiende por capas cada vez más amplias de la población, que podrían entender que el verdadero peligro que amenaza sus vidas no está en Rusia, sino mucho más cerca, es el que preocupa a la directora del CNI, al gobierno y a todas las élites económicas otanistas.
Cuando los gobiernos destinan cantidades ingentes de dinero público a “seguridad”, debemos entender que es “su seguridad” lo que les preocupa y que lo que pretenden conjurar es el enemigo interno. Al oírles hablar de “desinformación”, de “fake news”, de “desestabilización” o de medios o personas “al servicio de potencias extranjeras”, habría que aplicarles el refrán castellano de “cree el ladrón que todos son de su condición”. Porque lo cierto es que es todo ello lo que caracteriza sus campañas de intoxicación y de guerra ideológica dirigidas a conjurar el pánico que sienten ante el riesgo de que la gente trabajadora entienda quienes son sus verdaderos enemigos: los que se sientan en los consejos de ministros y en los lujosos despachos de las multinacionales y que son los mismos que se enriquecen con el dinero público y que necesitan guerras para engrasar sus negocios.
Economía de guerra no es sólo negocio armamentístico con dinero público. Para que funcione es necesario exacerbar la represión contra quienes pueden abrir los ojos a los demás. Tratan de evitar que la clase trabajadora entienda las dimensiones del crimen que perpetran y se decida a hacer que se les acabe la fiesta. Sólo así se puede comprender la persecución sindical, la de la juventud antifascista, la censura o la denigración de toda persona que cuestione el belicismo de los gobiernos de la UE que pisotea los más elementales derechos sociales y políticos de sus pueblos, o que las cárceles estén cada vez más llenas de presos políticos.
El derecho a la información es negado a diario por medios de comunicación que son propiedad de las multinacionales armamentísticas o son controlados por los gobiernos que sirven a los mismos intereses. ¿Recuerdan lo ocurrido durante la pandemia? Los mecanismos utilizados ahora se parecen a los de entonces como dos gotas de agua. Las redes sociales, en un principio más difíciles de controlar, están siendo sometidas a leyes y demás normas de servicios digitales de la UE que restringen cada vez más la libertad de expresión; todo ello además de la censura que ejercen por su cuenta las mismas empresas multinacionales y de la exclusión total del acceso a medios como RT o Sputnik.
Desde aquí expreso toda mi solidaridad al canal Reflexiones Iracundas, a quienes sufren la represión por defender el derecho a la información, por luchar por sus derechos laborales o contra el fascismo, y por combatir un capitalismo tanto más criminal cuanto más evidente es su incapacidad para garantizar condiciones de vida dignas a todos los seres humanos.
