Las universidades nacionales de Argentina iniciarán un paro de 72 horas a partir del próximo miércoles 12 de noviembre, en una contundente medida de fuerza para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento. Aunque esta legislación, aprobada dos veces por el Congreso, fue promulgada por el Gobierno el 21 de octubre, hasta la fecha carece del presupuesto necesario para su implementación efectiva. Los gremios universitarios advierten que el incumplimiento no solo es ilegal sino «anticonstitucional».
La protesta surge como una profundización de las acciones contra las políticas del actual Gobierno, que, según las federaciones, atentan contra la universidad pública, los hospitales y los derechos laborales. «Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública», declaró Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), marcando la pauta de la movilización.
El principal motor del reclamo es la crítica situación salarial de los docentes, cuyos sueldos «no fueron recompuestos». Los gremios denuncian que, a pesar de las tres masivas marchas federales previas en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei se niega a cumplir con la ley. Esta inacción gubernamental está provocando, a su juicio, un «vaciamiento» progresivo de las instituciones de educación superior.
La Ley de Financiamiento es crucial, pues establece un necesario aumento salarial y busca frenar el deterioro financiero de la educación pública. La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto, fue enfática al respecto: «La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo».
Celoto cuantificó la deuda que el Estado tiene con los trabajadores universitarios, revelando la magnitud del perjuicio económico. «Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44 por ciento de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo», sentenció la dirigente. Este porcentaje refleja la brecha entre los salarios actuales y lo estipulado por la normativa vigente, agudizando la crisis de subsistencia de los docentes.
Con la paralización de 72 horas, los gremios buscan presionar al Poder Ejecutivo para que ejecute el presupuesto necesario que dé vida a la Ley de Financiamiento. La movilización de las universidades públicas, que son pilares de la educación y la investigación en Argentina, pone de manifiesto la creciente tensión entre la comunidad académica y el Gobierno ante lo que consideran un ataque sistemático a la educación estatal.
