Los métodos utilizados por los Estados Unidos son los de siempre: sanciones que estrangulan la economía, amenazas de uso de la fuerza y una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza del presidente venezolano Nicolás Maduro, como si se tratara del Salvaje Oeste.
Estados Unidos es adicto a la guerra. Con el cambio de nombre del Departamento de Guerra, un presupuesto propuesto por el Pentágono de 1,01 billones de dólares y más de 750 bases militares en unos 80 países, no se trata de una nación que busque la paz.
Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido un objetivo persistente del cambio de régimen por parte de Estados Unidos. El motivo, claramente expuesto por el presidente Donald Trump, son los aproximadamente 300 000 millones de barriles de reservas de petróleo que se encuentran bajo el cinturón del Orinoco, las mayores reservas de petróleo del planeta.
En 2023, Trump declaró abiertamente:
Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. La habríamos tomado, habríamos conseguido todo ese petróleo… pero ahora estamos comprando petróleo a Venezuela, por lo que estamos enriqueciendo a un dictador».
Sus palabras revelan la lógica subyacente de la política exterior estadounidense, que desprecia por completo la soberanía y, en cambio, favorece la apropiación de los recursos de otros países.
Lo que está ocurriendo hoy en día es una típica operación de cambio de régimen liderada por Estados Unidos y disfrazada de lucha contra el narcotráfico.
Estados Unidos ha acumulado miles de soldados, buques de guerra y aviones en el mar Caribe y el océano Pacífico. El presidente ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.
Los llamamientos del Gobierno estadounidense a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacionaly la vida humana.
El 26 de octubre de 2025, el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) apareció en la televisión nacional para defender los recientes ataques militares estadounidenses contra buques venezolanos y para decir que los ataques terrestres dentro de Venezuela y Colombia son una “posibilidad real”.
El senador de Florida Rick Scott, en el mismo ciclo de noticias, reflexionó que si él fuera Nicolás Maduro, “se dirigiría a Rusia o China ahora mismo”.
Estos senadores pretenden normalizar la idea de que Washington decide quién gobierna Venezuela y qué ocurre con su petróleo.
Recuerden que Graham defiende de manera similar que Estados Unidos luche contra Rusia en Ucrania para asegurarse los 10 billones de dólares de riqueza mineral que Graham afirma frívolamente que están a disposición de Estados Unidos.
Las medidas de Trump tampoco son una novedad en lo que respecta a Venezuela.
Durante más de 20 años, las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado someter la política interna de Venezuela a la voluntad de Washington.
En abril de 2002, un breve golpe militar derrocó al entonces presidente Hugo Chávez. La CIA conocía los detalles del golpe de antemano y Estados Unidos reconoció inmediatamente al nuevo Gobierno. Al final, Chávez recuperó el poder. Sin embargo, Estados Unidos no puso fin a su apoyo al cambio de régimen.
En marzo de 2015, Barack Obama codificó una notable ficción jurídica. Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, en la que declaraba que la situación política interna de Venezuela constituía una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que desencadenó sanciones económicas por parte de este país.
Esa medida sentó las bases para una escalada de coacción por parte de Estados Unidos. La Casa Blanca ha mantenido desde entonces esa afirmación de “emergencia nacional” en Estados Unidos.
Trump añadió sanciones económicas cada vez más draconianas durante su primer mandato. Sorprendentemente, en enero de 2019, Trump declaró a Juan Guaidó, entonces figura de la oposición, “presidente interino” de Venezuela, como si Trump pudiera simplemente nombrar a un nuevo presidente venezolano.
Esta tragicomedia de Estados Unidos acabó finalmente desmoronándose en 2023, cuando Estados Unidos abandonó esta maniobra fallida y ridícula.
Estados Unidos está iniciando ahora un nuevo capítulo de apropiación de recursos.
Trump lleva mucho tiempo hablando abiertamente de “quedarse con el petróleo”. En 2019, al hablar de Siria, el presidente Trump dijo:
Nos quedamos con el petróleo, tenemos el petróleo, el petróleo está seguro, dejamos tropas allí solo por el petróleo».
Para quienes tengan dudas, las tropas estadounidenses siguen hoy en el noreste de Siria, ocupando los campos petrolíferos.
A principios de 2016, sobre el petróleo de Irak, Trump dijo:
Se lo decía constantemente y de forma coherente a quien quisiera escucharme, decía que mantuvieran el petróleo, mantuvieran el petróleo, mantuvieran el petróleo, que no dejaran que nadie más lo obtuviera».
Ahora, con nuevos ataques militares contra buques venezolanos y conversaciones abiertas sobre ataques terrestres, la Administración está invocando los narcóticos para justificar el cambio de régimen.
Sin embargo, el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
Ninguna teoría estadounidense sobre las “guerras de cárteles” justifica ni remotamente un cambio de régimen coercitivo.
Incluso antes de los ataques militares, las sanciones coercitivas de Estados Unidos han funcionado como una máquina de asedio. Obama creó el marco de sanciones en 2015 y Trump lo utilizó como arma para derrocar a Maduro.
La afirmación era que la “máxima presión” empoderaría a los venezolanos. En la práctica, las sanciones han causado un sufrimiento generalizado. Como descubrió el economista y reconocido experto en sanciones Francisco Rodríguez en su estudio sobre las “Consecuencias humanas de las sanciones económicas”, el resultado de las medidas coercitivas de Estados Unidos ha sido un descenso catastrófico del nivel de vida de los venezolanos, un grave empeoramiento de la salud y la nutrición, y un daño terrible a las poblaciones vulnerables.
El endeble pretexto moral actual es la lucha contra los narcóticos, pero el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano.
Si esto le suena familiar, es porque lo es. Estados Unidos ha llevado a cabo repetidamente operaciones de cambio de régimen en busca de petróleo, uranio, plantaciones de plátanos, rutas de oleoductos y otros recursos: Irán (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Chile (1973), Irak (2003), Haití (2004), Siria (2011), Libia (2011) y Ucrania (2014), por citar solo algunos casos. Ahora le toca el turno a Venezuela.
En su brillante libro Covert Regime Change (2017), la profesora Lindsay O’Rourke detalla las maquinaciones, las repercusiones y los desastres de nada menos que 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen llevadas a cabo por Estados Unidos entre 1947 y 1989.
Se centró en este período anterior porque muchos documentos clave de esa época ya han sido desclasificados. Trágicamente, el patrón de la política exterior estadounidense basada en operaciones encubiertas (y no tan encubiertas) de cambio de régimen continúa hasta el día de hoy.
Los llamamientos del Gobierno estadounidense a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana.
Una guerra contra Venezuela sería una guerra que los estadounidenses no quieren, contra un país que no ha amenazado ni atacado a Estados Unidos, y con fundamentos jurídicos que no superarían un estudiante de primer año de Derecho.
Bombardear buques, puertos, refinerías o soldados no es una demostración de fuerza. Es el epítome del gangsterismo.
Publicado originalmente por Common Dreams.
Traducción: Observatorio de trabajadores en lucha
