Parafraseando a Wright Mills en su libro “The Power Elite (1.956), el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), e iniciado asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del “Estado Tardofranquista”.
Recordar que el bipartidismo establecido en el acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981), tuvo su culminación con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema, mediante la implementación del llamado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL) y la implementación de la Ley Antiterrorista.
La “perfección negativa” del Tardofranquismo
Tras el Tejerazo del 1.981, en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el status quo (establishment) asociado al sistema monárquico (Juancarlismo) , al sistema político bipartidista ( implantación de las listas cerradas y de la Ley D´Hont) y a la defensa de la “unidad indisoluble de la nación española” (pasando Navarra desde entonces a ser considerada “cuestión de Estado”), asistimos a la aparición en el Estado español de un escenario distópico. El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema plasmada en la instauración de la Ley Antiterrorista y la práctica consentida de la tortura, elementos constituyentes de la llamada “la perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.
La “espiral de silencio” de los medios de comunicación
José Manuel Bandrés en el artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, afirma que “con la entrada en vigor el 4 de enero del 1985 de la llamada Ley antiterrorista asistimos a la aplicación de facto del estado de excepción encubierto, al servirse del artículo 55.2 de la Constitución (que sirve de precepto habilitante para que el legislador estatal pueda entrar a restringir los derechos fundamentales en casos relacionados con elementos terroristas). Dicha Ley (todavía vigente a pesar de la declaración del abandono de la lucha armada por parte de ETA aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González. Dicha Ley Antiterrorista habría sido blanco de las críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al denunciar que “la mayoría de los detenidos no puedan identificar a los presuntos autores de los abusos al serles vendados los ojos durante los interrogatorios”; de Amnistía Internacional( AI) al denunciar “el escaso número de denuncias de torturas que terminan en condenas” y de la Defensora del Pueblo al señalar que “ los agentes implicados en los interrogatorios se dirigen en ocasiones a los abogados de los detenidos portando capuchas”.
La deriva totalitaria del Estado español habría sido reiteradamente denunciada tanto por Amnistía Internacional como por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, organismo que se pronunció específicamente sobre el indulto a los torturadores de Kepa Urra, señalando que “ dicha medida tendría el efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición” denunciado además al Estado español por “haber infringido sus obligaciones de prevenir y sancionar los actos de tortura”. Todo lo anterior sería un reflejo nítido de la deriva totalitaria del Estado distópico amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment. teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977) y que simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, ( la tortura es denunciada sistemáticamente por los presuntos etarras siguiendo instrucciones de ETA), con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva.
Así, según un informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) , entre los años 2004-2014 se habrían producido 7.582 denuncias por torturas en España pero tan sólo en 752 casos la Justicia habría emitido sentencias condenatorias (en su inmensa mayoría por faltas y no por lesiones) mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en 6 ocasiones por “no investigar suficientemente dichas denuncias”, siendo el caso conocido como “Aztnugal-Laguntza” el penúltimo episodio de denuncia de “las deficiencias estructurales “ persistentes en varios sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado español, deficiencias señaladas en el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en España realizado por un comité de expertos a petición del Gobierno de Rajoy al que tuvo acceso Publico.es y en el que los citados expertos recomiendan ”mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación” así como “la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías”, quedando en manos del nuevo Gobierno que surgirá tras las próximas elecciones de Junio finiquitar la distopía de la tortura o mantener intactas las citadas “deficiencias estructurales “ de los aparatos de Seguridad del Estado.
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista
