A día de hoy, es evidente que las autoridades ucranianas no tienen intención de aplicar los acuerdos de Minsk según los términos en los que fueron redactados y están considerando diversas opciones para rechazarlos. Entre ellas está perpetuar de alguna manera el statu quo, lo que amenaza con serias consecuencias. ¿Qué puede esperar Donbass de Kiev en el futuro inmediato?
En este curso parlamentario, que comenzó el 7 de febrero, el Parlamento tendrá que tomar ciertas decisiones en relación a la solución del conflicto en el sudeste del país. En cualquier caso, los diputados así lo han confirmado. Es previsible que la parte ucraniana se encuentre lejos del consenso establecido entre Moscú y Washington durante la administración de Barack Obama (la canciller Angela Merkel actuó como “pacificadora” tras consultas con Estados Unidos).
En Rusia se asume que las autoridades de Kiev aceptaron los acuerdos de paz conocidos como Minsk-2 a causa de las derrotas militares. Pero no es así.
Sí, las derrotas existieron, pero también es evidente que las batallas habían adquirido un carácter local. Pese a los avances, las milicias no han llegado siquiera a las fronteras de las regiones de Donetsk y Lugansk y no representan una amenaza directa a Kiev. En realidad, benefician a Kiev: consiguió transformar la guerra civil en un formato de conflicto interestatal con una determinada línea del frente.
El hecho de que Rusia no optara por realizar una operación militar cruzando la frontera y que tomara la iniciativa de los acuerdos de paz actuando como garante llevó a Kiev a la conclusión de que Rusia no iba a hacerlo, que el Kremlin tenía miedo de la reacción de la comunidad internacional, que las sanciones funcionan y que Moscú simplemente no va a capturar Ucrania por la vía militar. En esas condiciones, es posible continuar la guerra y lograr una victoria y no está claro cuál sería el precio de la derrota. También es posible emular unas negociaciones con el apoyo de los socios occidentales, instruir al ejército, asegurar contratos militares (eso es importante) y esperar a la capitulación de Rusia bajo la presión de las sanciones. Entonces Donbass podría ser devuelto a Ucrania sin cumplir los requisitos de Minsk.
Ahora incluso Kiev tiene claro que estos cálculos estaban basados en ilusiones y una representación equivocada de los actos y la situación de Rusia. El presidente Petro Poroshenko lo reconoció indirectamente en octubre de 2015 con la creación de un centro para el estudio de las cuestiones de Rusia. El paso fundamental se había dado, y ahora Kiev se enfrenta a la cuestión del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, así que, ¿por qué no se cumplen?
Es preciso insistir en que el acuerdo de Minsk, en realidad, favorece a Ucrania, ya que garantiza el restablecimiento de su integridad territorial a cambio de concesiones aceptables (por ejemplo, el texto del acuerdo ni siquiera menciona por su nombre a la RPD y la RPL, su preservación es una “operación inadmisible”).
Sin embargo, Kiev rechaza negociar con las autoridades de la RPD y la RPL y, en general, con la población de Donbass. De hecho, salvo ese punto, el cumplimiento de gran parte de las obligaciones de Minsk corresponde a Ucrania (además, la reforma constitucional no se basaba en el “estatus especial”, como se suele decir, sino que era un intento del presidente de acabar con las élites regionales). En este momento, el presidente Poroshenko prepara una variedad de opciones que permitirían que no se cumplieran los acuerdos de Minsk.
La primera opción es cambiar la agenda. Desde el 1 de febrero, Ucrania preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que ahora se discute en Kiev la posibilidad de modificar completamente la agenda, dejando de lado el conflicto en el sudeste de Ucrania en favor de la propaganda ucraniana alrededor del concepto de la “agresión rusa”. Formalmente, hay razones para pensar que puede funcionar, ya que para Kiev la preocupación no es tanto Donbass sino Crimea.
La segunda opción es la ineficacia del Parlamento, que en estos momentos se encuentra en una situación inestable. Por ejemplo, el 8 de febrero, el presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, cerró la sesión al comprender que la sala carecía del cuórum de 226 diputados necesarios para tomar decisiones. Así que siempre se puede explicar a los socios que es imposible adoptar leyes: los diputados no se presentan.
Pero hay algo más importante: de hecho, en el Parlamento no hay una “coalición mayoritaria”. Dicha condición es obligatoria según la actual constitución. De no ser así, el presidente tiene la potestad de disolver las cortes. Puede hacerlo, pero no está obligado. Ahora mismo nadie habla de la crisis de la coalición, ni siquiera Yulia Timoshenko, que exige que dimita todo el Gobierno y se convoquen elecciones. Es probable que sea un juego preparado: si se aprieta a los diputados para que adopten medidas bajo presión, esas decisiones pueden ser canceladas y llevarles a retirarse de la coalición, creando así un Parlamento sin autoridad.
La tercera opción es encontrar un socio cómodo para negociar. El oligarca y antiguo jefe de la administración civil-militar de Donetsk, Sergey Taruta [nombrado en 2014, pocos días antes de que las primeras manifestaciones tomaran el edificio de la administración regional de Donetsk, donde se encontraba su despacho], propuso restablecer los consejos locales elegidos en 2010. En su opinión, aún es imposible celebrar elecciones en Donbass. Sin embargo, es de prever que el plan sería complicado de realizar: apenas un puñado de consejos podrían volver a sus trabajos. Al mismo tiempo, el plan va en la dirección de las propuestas de Viktor Medvedchuk: nombrar para estar al mando de las administraciones regionales a personas que fueran igualmente aceptables para Kiev como para quienes dirigen la RPD y la RPL.
La posición de la oposición parlamentaria radical (Batkivschina, de Yulia Timoshenko, el Partido Radical de Oleh Lyashko y Samopomisch, del alcalde de Lviv, Andriy Sadoviy) se reduce básicamente a dos puntos:
El primero es declarar la ley marcial en los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk (legalmente posible), que podría considerarse una “opción suave” de declaración de guerra a la Federación Rusa. Si se consigue cambiar la agenda de la ONU, esta idea marginal puede hacerse una idea formal y votarse en el Parlamento.
El segundo punto es adoptar una ley sobre los “territorios ocupados” que prohíba el comercio entre la RPD/RPL a través de la línea de demarcación. En este caso se da un conflicto entre el Gobierno y la oposición, que ya ha actuado por su cuenta y ha organizado el bloqueo ferroviario de la “zona ATO” (no está muy claro a quién bloquean, ya que el carbón es necesario para las plantas eléctricas ucranianas) y el Gobierno se opone e incluso intentó apartar a quienes bloqueaban las vías una vez que sus líderes, que disfrutan de inmunidad parlamentaria, se marcharon para acudir a la sesión.
El resto de grupos parlamentarios (incluyendo el Bloque Opositor) no se han manifestado al respecto: simplemente esperan a que los poderosos actores externos tomen una decisión.
Hay que entender que los acuerdos de Minsk fueron redactados asumiendo que serían implementados, que el régimen de Kiev haría cambios aceptables para la población de Donbass (siguiendo el ejemplo de España o Portugal). Esa opción permanece, pero ahora está claro que Kiev no tiene intención de caminar hacia la democratización. E incluso una ejecución formal de los acuerdos de Minsk y una degeneración del régimen sería en dirección a la radicalización, algo que supondría trágicas consecuencias para Donbass.
