Las FARC-EP comenzarán en marzo el proceso de desarme a más de tres meses de la firma de la paz con el Gobierno colombiano, procedimiento que deberá concluir el venidero 29 de mayo.
En un comunicado la misión de Naciones Unidas (ONU) encargada de supervisar el cumplimiento de dicha medida manifestó su beneplácito por el consenso de las partes para iniciar sin más demora la dejación de armas, no obstante las dificultades logísticas que retrasaron la implementación de lo consensuado.
Unos siete mil guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) están concentrados en 19 zonas y siete puntos transitorios donde abandonarán el armamento en su poder.
A partir de este miércoles el mecanismo tripartito de supervisión, compuesto por observadores de la ONU y voceros tanto gubernamentales como de esa guerrilla, empezarán la identificación y registro de todas las armas presentes en los campamentos del grupo rebelde.
Simultáneamente serán instalados contenedores a fin de almacenar esas herramientas de guerra, entre ellas las empleadas por los miembros de las FARC-EP que forman parte del aparato de monitoreo y comprobación.
La destrucción de municiones, minas y explosivos es otro de los pasos de esta fase, precisaron expertos.
Los Paramilitares están ocupando los territorios dejados por las FARC
En paralelo a este proceso de desarme de la guerrilla los grupos paramilitares están retomando los territorios dejados por las FARC en Colombia.
Según denuncian activistas sociales las agresiones por parte de lo que denominan “grupos paramilitares” están violando sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos en zonas en las que antes hacía presencia la guerrilla de las FARC.
Una de estas denuncias es la de monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo del municipio de Apartadó, en Antioquia —a unos 750 kilómetros al noroeste de Bogotá y a 310 km al noroeste de Medellín—quien dijo en un comunicado el pasado 3 de febrero que en la región hay un “reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo” cuyos integrantes han llegado a zonas que dejaron las FARC.
Otro que denunció este fenómeno fue el movimiento político Marcha Patriótica —un grupo de tendencia de izquierda cercano a la ideología política de las FARC— que documentó en un informe más de 300 “violaciones a los derechos humanos por parte de grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo” contra organizaciones sociales y populares en los últimos cinco meses.
Y el Frente Fronterizo por la Paz del Partido Comunista Colombiano denunció el desplazamiento masivo en la frontera desde Colombia hacia Venezuela “a raíz del accionar paramilitar” en la región.
Estas denuncias coinciden con un informe de enero de este año del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, Indepaz, dado a conocer por CNN en Español, en el que aseguran que “el paramilitarismo volvió a dar muestras de su capacidad de acción en 2016”. El informe añade que hay grupos criminales “con intenciones de cooptar el territorio abandonado por la salida de las Farc-Ep”.
Indepaz los identifica como “narcoparamilitares”, grupos cuyo propósito es la “captura de renta de forma ilegal y que actúan en complicidad y colaboración con agentes del Estado”, según explicó a este medio Camilo González, director de Indepaz.
Esos grupos están en 344 municipios de 31 departamentos del país, según Indepaz.
Por su parte la guerrilla, que hacía presencia en 242 municipios, pasó a agruparse en 26 veredas, “quedando libre más del 90% del territorio que antes ocupaban”, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), un centro de estudios que monitorea el conflicto armado en Colombia, publicado en enero de este año.
Entre las principales acciones de estos grupos “narcoparamilitares” están el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, los servicios de seguridad privada, el lavado de activos y el contrabando, según el informe de Indepaz.
Ese documento señala que los llamados paramilitares se han infiltrado en las instituciones del Estado y han hecho alianzas con servidores públicos y los gobiernos locales. Además, Indepaz afirma que han acciones contra los civiles como homicidios, reclutamientos forzados, desplazamientos, homicidios, entre otros.
El informe de PARES identificó en su más reciente informe cinco tipos de “territorios postFARC” que han sido retomados por otros grupos delincuenciales tras de la salida de la guerrilla de las FARC hacia las zonas de concentración temporal en el marco del acuerdo de paz de La Habana con el gobierno de Colombia.
