Un joven detenido el 28 de mayo de 2014 durante la tercera noche de protestas por el desalojo del centro social Can Vies, en el barrio barcelonés de Sants, ha ingresado en el centro penitenciario La Modelo de Barcelona. Nada hacía pensar que JCM acabaría entre rejas, atendiendo al criterio general de la justicia en estos casos: las penas inferiores a dos años de prisión no son de obligado cumplimiento si no constan antecedentes. Francisco Seseña, juez titular del juzgado de lo penal número 15 de Barcelona, ha hecho una peculiar interpretación de la norma y considera que la existencia de una pena-multa previa contra el acusado en territorio francés -dictada por un juzgado de Lyon- es suficiente argumento para encarcelarlo. El abogado del joven había pedido la suspensión de la ejecución hasta que no se resolviera la petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia español.
JCM fue detenido en el interior de una escalera de vecinos de la calle de Guadiana, conjuntamente con otras doce personas -cinco de ellas de Cerdanyola del Vallès-, cuando huía de las cargas policiales
Durante el juicio negó las acusaciones de haber lanzado objetos contra el cordón policial, pero el juez sólo dio credibilidad al testimonio de los antidisturbios y los policías de paisano. Las trece personas acusadas fueron condenadas a un año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, y ocho de ellas a seis meses adicionales por desórdenes públicos, también el ahora encarcelado. A pesar de un cómputo total de un año y medio de prisión, que no supera el umbral de los dos años, el joven ha sido privado de libertad. La rigidez judicial contra este encausado contrasta con el caso de Iñaki Urdangarin, quien con una sentencia de 6 años y 3 meses de prisión podrá esperar la decisión definitiva del Tribunal Supremo desde su domicilio de Suiza, sin la aplicación de ninguna medida cautelar de privación de libertad.
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