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Tanto Marine Le Pen como François Fillon son acusados de permitir empleos ficticios, en favor de personas muy allegados a ellos.

Cuando faltan casi dos meses para que se celebren elecciones en Francia, los ciudadanos observan como dos de sus candidatos principales (Marine Le Pen del ultraderechista Frente Nacional y François Fillon de Los Republicanos), son investigados por supuestos casos de corrupción.

Le Pen, a quien las encuestas sitúan como ganadora de la primera vuelta del 23 de abril próximo, es investigada por la Justicia por presunto caso de empleo ficticio en el Parlamento Europeo.

La líder ultraderechista es acusada por el Parlamento Europeo de contratar de forma ficticia a dos asistentes en el órgano legislativo regional, el cual reclama la devolución de más de 300.000 euros (316.863 dólares) entregados como remuneración a sus dos colaboradores.

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Su jefa de gabinete, Catherine Griset, ya ha sido inculpada por haber cobrado como asistente parlamentaria cuando en realidad, según se sospecha, trabajaba para el partido de Le Pen.

La Justicia también ha imputado ya a Frédéric Chatillon, hombre de negocios y consejero en comunicación, estrecho colaborador de Le Pen por un caso de sobrefacturación que habría servido para financiar varias campañas electorales del Frente Nacional.

Además de rechazar las acusaciones, la candidata de extrema derecha ha culpado a los jueces de llevar a cabo un boicot en su contra. “Los magistrados están allí para aplicar la ley, no para ir contra la voluntad del pueblo”, dijo.

Por su parte, Fillon ha caído progresivamente en las encuestas producto de supuestos casos de nepotismo. La Fiscalía nacional financiera le ha investigado por el caso de los presuntos empleos ficticios de su mujer y sus hijos como sus asistentes cuando era diputado.

Desde el viernes pasado hay una investigación penal en contra del ex primer ministro, por “desvío de fondos públicos, abuso de bienes sociales, complicidad y encubrimiento de esos delitos y tráfico de influencias”.

Al igual que Le Pen, Fillon mantiene que es inocente y achaca la investigación a una disminución del Estado de derecho.

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