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El distrito de Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia, genera más de un cuarto de los ingresos aduaneros del país. Sin embargo, se ve sumido en una situación de emergencia debido a la falta de infraestructura y servicios y los altos índices de pobreza. Ante este panorama, la población lleva adelante un paro cívico.

El distrito de Buenaventura es el principal punto de ingreso y egreso de mercaderías de toda Colombia. Es el territorio que más aporta en materia de impuestos de Aduanas, debido a la gran cantidad de terminales portuarios construidos sobre la costa del Pacífico. Aunque esta zona genere una importante fuente de recursos económicos para el Gobierno central, la amplia mayoría de su población, sin necesidades básicas satisfechas, se encuentra estancada en la pobreza.

“Hay un gran contraste: somos los que más aportamos al país [en ingresos aduaneros], pero nuestra calidad de vida es de las peores de toda Colombia”, dijo a Sputnik Víctor Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico convocado en el distrito en protesta a la situación de emergencia que vive la población.

Según el referente cívico, “el 27%” de lo que las Aduanas colombianas recaudan proviene de esta zona. A inicios de la década de 1990, el Gobierno privatizó la empresa Puertos de Colombia, que tenía la concesión de Buenaventura. A partir de entonces, “han surgido nuevos terminales marítimos” construidos “totalmente” con capitales privados extranjeros a lo largo de las costas del distrito. Esto aumentó el flujo de mercancías, pero la población no termina de ver los beneficios.

Acueductos que abastecen a la población durante unas pocas horas; ausencia total de camas hospitalarias públicas para pacientes de media y alta complejidad; y elevados índices de analfabetismo y criminalidad son algunas de las realidades que afectan a los casi 400.000 bonaverenses.

Según Vidal, “un 37% de la población no tiene sus necesidades básicas satisfechas”, cifra que triplica a la de Cali, principal ciudad del departamento del Valle del Cauca, donde se ubica Buenaventura. Asimismo, el referente ubicó el desempleo de su localidad en un 62%. La pobreza en la zona urbana se sitúa en 64%, mientras que en la rural está en el 91%, dijo Vidal. Existe además “un déficit de vivienda digna para los bonaverenses de 40.000 viviendas”.

Ante esta situación, la comunidad se autoorganizó y convocó el 16 de mayo a un paro cívico, similar a los que se han llevado a cabo en otros lugares de Colombia en el último mes, como por ejemplo en el departamento del Chocó. La iniciativa buscaba “paralizar las actividades cotidianas” de la sociedad bonaverense, como “la administración, la educación, el comercio o el transporte”.

Debido a la intensa actividad portuaria de Buenaventura, el paro tuvo consecuencias de importante magnitud para la economía colombiana, por la suspensión del paso “de los grandes camiones que entran y sacan la mercancía de los puertos y conectan con el resto del país” y la pérdida de recaudación de las autoridades centrales.

“La comunidad creó puntos de encuentro comunitario a lo largo de la vía Nacional, la principal que tenemos, donde se mueven los camiones. De esa manera hemos estado en paro cívico desde el día martes (16) hasta el viernes (19), cuando el Gobierno decidió levantar los puntos”, explicó Vidal.

Ese día, se mantenían negociaciones entre los habitantes y las autoridades. Los representantes gubernamentales pidieron un cuarto intermedio “para comentar al presidente cómo se iban a orientar las peticiones” populares. Sin embargo, no regresaron y al rato las fuerzas de choque intervinieron con gases lacrimógenos para desplazar a los manifestantes.

“De manera violenta incursionaron en la mayoría de los puntos de encuentro comunitarios y generaron todo el caos en la ciudad. Hubo algunos heridos e incluso se ha registrado la muerte de un bebé que inhaló el gas que ellos disparan para hacer que la gente huya”, aseveró el líder comunitario.

Tras la ofensiva, “hubo unos desmanes en la hora de la noche”, con ataques a algunos centros comerciales y negocios, pero “solo después de cinco o seis horas aparecieron las autoridades que debían controlar” la situación. Esta situación levanta la sospecha de la sociedad civil. “Como mínimo hubo permisividad del Estado, yo no puedo decir que lo hicieron [adrede]”, comentó Vidal.

El movimiento popular aumentó durante el 20 y el 21 de mayo: este último día “se organizó una marcha monumental” que según el entrevistado convocó a más de 100.000 personas. “El 25% de la población salió a la calle como una manera de decirle al Gobierno que aquí estamos para discutir una situación profundamente grave”, concluyó Vidal, cuyo movimiento sigue esperando señales de las autoridades para retomar las conversaciones.

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