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El Congreso de Colombia aprobó de manera definitiva la ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, una norma que marca un cambio estructural en la política de seguridad y soberanía, en un país que por décadas ha visto cómo miles de sus ciudadanos eran captados para conflictos en el extranjero.