Galicia arde otra vez, España se quema entera
Hace ya años escribí que Galicia ardía indefensa a manos de pirómanos y especuladores del cemento y el eucalipto, y que la culpa no era de la sequía sino de un gobierno que decidió recortar en medios y legislar a medida de quien especula con el monte. Aquello lo escribí después de recordar el verano de 2006, cuando ardieron casi 100.000 hectáreas en unos 7.000 incendios y murieron cuatro personas. Hoy, en julio de 2026, toca volver a escribirlo, porque el patrón no ha cambiado: solo ha empeorado.
Los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica hablan solos: se han quemado ya más de 100.000 hectáreas desde el 1 de enero, con 22 grandes incendios forestales cuando la media de la última década para estas fechas es de apenas 9. Y eso era antes de que ardiera todo lo que ha ardido esta misma semana. A fecha de hoy, el propio ministerio eleva ya a 32 los grandes incendios forestales registrados en lo que va de 2026, frente a esa media histórica de 9. No hace falta ser ingeniero forestal para entender lo que significan esas cifras: no es una mala racha, es un colapso sistémico que se repite, cada vez peor, cada verano.
Esta semana ha ardido Madrid. Un incendio descontrolado ha obligado a evacuar o confinar a unas 50.000 personas en numerosas poblaciones madrileñas, con otras 13.000 personas afectadas en la vecina Ávila, y una superficie conjunta quemada que supera ya las 18.000 hectáreas, hasta el punto de que el Gobierno central ha tenido que declarar la emergencia nacional y pedir ayuda europea. En Almería murieron trece personas y ardieron 7.000 hectáreas; en la Sierra Norte de Guadalajara el fuego devoró 32.000 hectáreas, el segundo mayor incendio registrado en España desde que hay datos. Y mientras tanto el aire de la capital del Estado se ha vuelto irrespirable: la calidad del aire en Madrid ha caído muy por debajo de los niveles que recomienda la OMS, y las autoridades sanitarias piden a la gente que evite salir a la calle y que use mascarilla si hay humo o ceniza.
Y Galicia, camarada, tampoco se libra. Nuestros montes han vuelto a arder este verano, en Vimianzo y Laxe, en Lugo, con un dispositivo de nueve helicópteros, ocho aviones, decenas de motobombas y decenas de brigadas movilizadas para intentar contener lo que las políticas de recorte llevan años empeorando. Y lo más indignante: en vez de asumir que Galicia sigue siendo la comunidad que concentra buena parte de los incendios de todo el Estado, el presidente de la Xunta se dedica a presumir en redes sociales de que «en situaciones complejas, Galicia responde», como si mandar brigadas gallegas a apagar el fuego en Madrid y Ávila fuera un triunfo político y no la prueba de que aquí, en casa, seguimos exportando un modelo de precariedad que no hemos resuelto.
Y aquí toca decir algo que ya denuncié en Neda y que vale para toda Galicia: cada verano llega la misma carta al buzón, firmada por el Concello, la Diputación o la Xunta, da igual, exigiendo que limpiemos nuestras parcelas bajo amenaza de multa. Y de acuerdo, mantener limpio lo propio es una obligación que no discuto. Pero, ¿con qué autoridad moral exige limpieza una Administración que no limpia lo suyo? Basta con caminar por cualquier parroquia para verlo: cunetas invadidas de tojo y zarza, caminos públicos donde la maleza llega hasta la mitad de la vía, terrenos y casas abandonadas convertidas en foco de combustible, todo ello propiedad o responsabilidad pública, sin que nadie mueva un dedo. A quien limpia, se le amenaza con el boletín. A quien debería limpiar y no limpia —la propia Administración—, no le pasa nada. Es mucho más barato enviar cartas certificadas que sostener todo el año el trabajo real de prevención: cunetas, caminos, terrenos públicos, personal fijo.
Y detrás de esa hipocresía institucional hay un problema todavía más de fondo, que tampoco es casualidad ni fenómeno natural: el abandono del rural. Donde antes había vacas, prados segados y tierras trabajadas por familias que vivían de ellas, hoy hay explotaciones cerradas y parcelas que nadie cultiva. La mejor prevención contra el fuego siempre fue un rural vivo del trabajo, no una subvención ni una carta amenazante. Cuando el trabajo desaparece del campo, lo que queda no es naturaleza virgen, es abandono, y el abandono arde. Eso tampoco cayó del cielo: son décadas de políticas que exprimieron al pequeño productor hasta agotarlo y luego lo dejaron a su suerte.
Porque no nos engañemos: la propia Xunta ha fijado este año un objetivo de superficie quemada de más de 29.000 hectáreas, casi 10.000 más que el objetivo del año pasado, después de un 2025 en el que ardieron casi 119.000 hectáreas en Galicia. Es decir: el propio gobierno gallego ya asume, como quien no quiere la cosa, que va a arder más monte que nunca, y lo convierte en objetivo administrativo en lugar de emergencia a combatir de raíz. Nos venden como gran novedad la incorporación de 42 brigadas más de la empresa pública Seaga, unos 168 efectivos, cuando llevamos dos décadas de recortes, de plantillas reducidas a la mínima expresión y de brigadistas vocacionales que siguen sin convenio colectivo digno. Un parche de última hora no borra veinte años de desmantelamiento planificado.
El patrón de fondo sigue siendo el mismo que denuncié hace ya años: la derecha entiende el Estado como una empresa y los servicios públicos como un negocio que hay que rentabilizar. Por eso cuando toca invertir en prevención, en brigadas profesionales todo el año, en un cuerpo único y coordinado, el dinero nunca alcanza; pero cuando toca privatizar la extinción, entregar concesiones a empresas privadas o recalificar suelo quemado para el ladrillo y el eucalipto de la industria papelera, entonces sí que aparecen los medios y la voluntad política. Los incendios no son un fenómeno natural inevitable: son la consecuencia directa de un modelo territorial al servicio de la especulación, sostenido por un Estado que prefiere declarar la emergencia después del desastre que invertir en evitarlo antes.
Y aquí no hay colores políticos que valgan como coartada: da igual que gobierne el PP en la Xunta o que el Gobierno central sea del color que sea, porque el patrón de recortar en lo público y socializar el riesgo mientras se privatizan los beneficios es estructural al capitalismo, no de un partido concreto. Lo que cambia de un gobierno a otro es el ritmo del desmantelamiento, nunca la lógica de fondo.
Mientras los montes gallegos y la meseta arden, mientras miles de familias son desalojadas de sus casas y trabajadores forestales arriesgan la vida por sueldos precarios, la memoria histórica sigue siendo nuestra mejor herramienta de clase. Recordar 2006, recordar 2025, recordar cada verano que se repite el mismo guion, es la única forma de que no nos vuelvan a vender la sequía como excusa. No es el clima solo, aunque el cambio climático agrava cada año la ferocidad del fuego: es la desidia y el cálculo político de quienes gobiernan para el capital y no para la gente que vive, trabaja y arde en estos territorios.
André Abeledo Fernández
