Al menos 18 defensores del medio ambiente de la comunidad de Pajuiles, en el municipio de Tela, Honduras, fueron encarcelados este lunes por manifestar pacíficamente en contra de la explotación del único río que abastece de agua a miles de pobladores.
Entre los detenidos se encuentran personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, que se mantenían en resistencia desde hace más de 150 días para evitar que se cree una hidroeléctrica privada en el río.
Los pobladores denuncian que el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández continúa con su política de beneficios a los grandes capitales, puesto que la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso gozó de exoneraciones fiscales por el orden de 155.000 dólares. Un insulto para esta zona empobrecida de Honduras.
En agosto de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió a Honduras como «uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos».
En marzo de ese año, la defensora de derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en su vivienda. La líder había denunciado a la policía 33 amenazas contra su vida, pero ninguna fue investigada.
