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Se inicia el juicio por la masacre de 133 presos políticos en la cárcel del Frontón, en Perú

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La semana pasada se inició en Lima, la capital de Perú, el juicio contra 34 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra que participaron en la matanza de 133 presos durante un motín en la cárcel del Frontón en 1986 promovido por presos de la organización guerrillera Sendero Luminoso.

Hace 31 años, el 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos de Sendero Luminoso y el entonces presidente Alan García no vaciló en aplastarlo a sangre y fuego, cuya tarea encomendó a la Marina de Guerra, pertrechada con armamento de guerra.

La cárcel, construida en una isla frente al Callao, la provincia vecina a Lima, quedó reducida a escombros tras una serie de explosiones provocadas por las fuerzas armadas.

Pero los presos no sólo murieron en el enfrentamiento con la Marina sino en cobardes ejecuciones extrajudiciales después de que los últimos supervivientes se hubieran rendido.

El crimen fue declarado como un delito contra la humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, por lo que no prescribirá nunca. Uno de los abogados que representa a las víctimas, Hugo Noroña, declaró que “no queremos venganza de nada contra nadie, simplemente que se sepa la verdad”.

En octubre pasado, la fiscalía presentó formalmente la acusación contra 35 marinos por estos hechos, para los que pidió entre 30 y 25 años de cárcel, y en abril de este año el Poder Judicial reconoció que existen motivos para abrir el juicio oral.

Uno de los acusados reconoció ante los fiscales que existían órdenes de masacrar a los presos y fue retirado de la causa.

Desde el inicio del gobierno de Alan García en 1985, los presos de Sendero Luminoso habían realizado motines en varios penales con resultados diversos. En algunos la solución pasó por una firma de acuerdos y en otros hubo enfrentamiento.

El inclumplimiento de los acuerdos causó que los presos del penal El Frontón hablaran de un “plan genocida” que suponía el traslado a Canto Grande.

El 16 de junio, día en el que comenzaba el XVII Congreso de la Internacional Socialista en Lima, el sindicato nacional de carceleros anunció un paro indefinido, por lo que privaban a los presos de su derecho a recibir visitas. Eso caldea más los ánimos en el interior del penal y se amotinan el 18 de junio en el interior de una prisión que había sido modificada y preparada para un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas: túneles de resguardo, paredes reforzadas, etc.

Los presos capturaron rehenes y, aunque una comisión intentó negociar, el gobierno lo tenía todo preparado para la masacre.

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