Venezuela conmemoró los 35 años de la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en el estado Anzoátegui, ubicado en el noreste del país, donde fueron torturados y asesinados 23 personas que conformaban el Frente Guerrillero América Silva, defensores que buscaban conquistar una política inclusiva y con justicia social ante los gobiernos de Acción Democrática, Copei y su pacto de Punto Fijo.
Desde la sede de la Casa Nuestra América José Martí, la defensora de los derechos humanos, Judith López Guevara, rememoró que “en ese momento intentaron callar las voces del socialismo venezolano, las voces de quienes luchaban por las tierras, por la inclusión, por una sociedad de iguales, las voces de aquellos que se oponían al pacto del puntofijismo”.
Asimismo, dijo que en la madrugada del cuatro de octubre de 1982, retumbó la tierra en Cantaura un dolor en el vientre de madres que perdían a sus hijas e hijos bajo las ordenes de una mente asesina como la del entonces presidente, Luis Herrera Campins, quien giró las instrucciones para una operación conjunta para aniquilar a los militantes del Frente Américo, en ese operativo sanguinario participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de Venezuela, la Guardia Nacional, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) hoy conocido como Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), entre otros organismos de represión del Estado venezolano.
Ante la planificación del exterminio se daba cumplimiento a una política de pacificación y destrucción, donde se podía medir el odio que tenía el gobierno de turno contra el único frente guerrillero que no se aquietó, se mantuvo firme a sus principios revolucionarios, que no pidió perdón y no se entregó al galanteo de la burguesía nacional.
Al ser consultada sobre quiénes eran esas víctimas, manifestó la también coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva, que fueron revolucionarios de convicción y de corazón, “murieron por una causa justa y noble, transformar esta sociedad capitalista, depredadora, inhumana, donde no importa la vida, donde somos marionetas de los grandes capitales por una sociedad más humana. Igualdad de derechos, justicia social, equidad y respeto, conscientes de que el camino era largo y duro no se doblegaron ante el enemigo, pues dieron su vida por un mundo mejor”.
En otro momento dijo, que los medios de comunicación a escala nacional e internacional reflejaron un enfrentamiento entre insurgentes y militares, “medios de comunicación al servicio de la burguesía, como política de Estado se aplicó el extermino de la izquierda, algunos se acogieron a la pacificación, la cual fue un fraude y los que no lo hicieron, en este caso el Frente Américo Silva, la orden fue el exterminio, se persiguió estudiantes, campesinos todo lo que se llamara movimiento organizado de izquierda, ninguno podía quedar vivo, los heridos y los atrapados fueron fusilados a sangre fría, se violaron los Derechos Humanos en todo, no hubo defensa y se quiso tapar todas estas atrocidades, diciéndole al mundo que fue un enfrentamiento y de esta manera justificar la masacre”.
Al tiempo expresó López Guevara, que aún sigue vivo el recuerdo de cómo fueron masacrados y fusilados todo el frente guerrillero por la burguesía política adeco– copeyana, “todavía sigue en mi mente los disparos seguidos en el pecho de José Meguez estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, las piernas de María Luisa Estévez y su tiro en la nuca, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, el disparo por la espalda de Nelson Pacía Collazo que se arrastraba por el piso, porque una bala de alta potencia le había quebrado una pierna, la bala que entró por la espalda fue una Dum-Dum, prohibida en la guerra, una muestra de que ninguno podía quedar vivo”.
Finalmente reconoció, que este hecho permaneció “engavetado” durante los años del bipartidismo adeco-copeyano y fue el Estado social de derecho y de justicia, fundado por el comandante supremo, Hugo Chávez, y establecido con la Constitución de 1999, el que ordenó reabrir la investigación para llegar a la verdad de los hechos que enlutaron a muchos inocentes.