El mapa judicial que dejó el procés se resume en 32 juzgados investigando denuncias, casi 50 procedimientos abiertos desde el pasado 22 de septiembre -37 contra independentistas-, 20 políticos imputados -entre miembros del Parlament y del Govern-, además del mayor de los Mossos d’Esquadra, su teniente y los máximos responsables de las dos asociaciones independentistas catalanas. Cuatro personas en prisión incondicional preventiva, ocho profesores investigados por delitos de incitación al odio y alcaldes imputados por desobediencia.

He aquí las cifras judiciales que arrojó el movimiento soberanista de Cataluña. Después de casi tres meses desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, la Justicia mantiene abiertas 46 causas por el 1-O, atendiendo a los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además de esas 37, dirigidas contra políticos independentistas y miembros de la Policía autonómica catalana, existen otras nueve contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A esto se suman las investigaciones abiertas por el propio Ministerio Fiscal. Son al menos dos. Una contra profesores que, presuntamente, incitaron al odio en colegios, y otra contra empresarios hoteleros de Calella y Pineda de Mar por las expulsiones de policías y guardias civiles que se alojaban en sus establecimientos.

Sin duda, un escenario judicial sin parangón. Sólo el caos aéreo vivido en España en 2010 por el conflicto entre el Gobierno y los controladores derivó en poco menos de 25 causas abiertas en distintos juzgados españoles. El procés está siendo investigado en laAudiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. En 17 juzgados de la provincia de Barcelona. En seis de Tarragona. En tres de Lérida. Y en cuatro de  Gerona.

Hay 13 ex consejeros catalanes y un ex presidente autonómico imputados por la celebración del 1-O. Dicho de otra manera, el anterior Govern en pleno, liderado por Carles Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya a presidir de nuevo la Generalitat. Dos ex consejeros siguen en  prisión incondicional preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid). Se trata del ex vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) y el que fuera consejero de Interior, Joaquim Forn. Conviene informar de que el ex presidente y cuatro ex consejeros huyeron a Bruselas.

Hay seis miembros de la anterior Mesa del Parlament -con su presidenta a la cabeza, Carme Forcadell– investigados por la organización del referéndum ilegal. Y hay dos líderes independentistas en prisión incondicional por los disturbios ocurridos en Barcelona el pasado 20 de septiembre en el marco de la operativo judicial por la Guardia Civil contra la organización del 1-O. Se trata de Jordi Sànchez -ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a ocupar un escaño en el Parlament por Junts per Catalunya- y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Los conocidos como los Jordis están recluidos en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarenainvestiga a los miembros del anterior Govern y de la Mesa del Parlament por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos -la cifra investigada asciende a 6,2 millones de euros-. En el caso de Sànchez y Cuixart, Llarena les investiga por sedición tras la denuncia que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 22 de septiembre. El juez citó a Junqueras el próximo 4 de enero para resolver el recurso contra el auto que le mantiene en prisión. Forn y los Jordisacudirán por el mismo motivo el 11 de enero.

A esto se suma la investigación abierta contra ex altos cargos de la Generalitat en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por la organización del 1-O. El juez les imputa delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Un total de 14 personas fueron detenidaspor la Guardia Civil.

En el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus (Tarragona) hay abiertas otras diligencias contra dos concejales de la CUP en esta localidad – Marta Llorens y Oriol Ciurana– por delitos de odio contra la Policía Nacional. Ambos fueron detenidos el pasado 27 de diciembre por no comparecer ante el juez, pero puestos en libertad al día siguiente.

Hay ocho profesores de tres colegios de La Seu d’Urgell (Lérida)imputados por presuntos delitos de incitación al odio. Aunque permanecen en liberad y el juez no tomó medidas cautelares contra ellos, el Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad mantiene abierta la investigación por los comentarios que, presuntamente, realizaron contra las cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre.

En esta misma línea, la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias el pasado 26 de diciembre contra parte del profesorado de un instituto de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) -IES El Palau- por los comentarios que, presuntamente, hicieron algunos maestros a alumnos hijos de guardias civiles a raíz de las cargas policiales el 1 de octubre. El número de personas investigadas asciende a 12, según fuentes jurídicas.

Hay 14 causas abiertas contra la Policía autonómica catalana por desobediencia a la autoridad judicial e inactividad en el 1-O. Una de ellas está en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a su teniente Teresa Laplana por un delito de sedición. Ambos están en libertad, pero se les retiró el pasaporte y se les prohibió salir de España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere ampliar la investigación al jefe político de los Mossos, Pere Soler.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa investiga a tres alcaldes por delitos de desobediencia al apoyar el 1-O. Ya la Fiscalíacitó como investigados a los alcaldes de Berga (Barcelona) y Capellades (Barcelona), Montse Venturós y Aleix Auber, ambos de la CUP. Y el juzgado 3 de Figueres investiga a la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, por la misma causa.

A los juzgados catalanes llegaron denuncias contra la Generalitat por permitir la votación del 1-O y usar datos personales de los ciudadanos para celebrar un referéndum ilegal. Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell (Lérida) mantiene abierta la investigación de una querella presentada por la Fiscalía contra el Gobierno catalán por pemitir la votación, al menos, en siete emplazamientos de esta zona.

Este juzgado abrió diligencias por desobediencia a las medidas judiciales que ordenaban impedir la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de la celebración del referéndum, además de requisar todo el material relacionado con el 1-O que se hallara en los edificios públicos, incluyendo los ordenadores. A este procedimiento se suman las instrucciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell (Tarragona), donde se investigan dos denuncias contra la Generalitat por permitir el referéndum ilegal, además de otras ocho causas incoadas en siete juzgados catalanes por revelación de secreto y uso de datos personales. En concreto, y atendiendo a los datos que maneja el CGPJ, estas diligencias están abiertas en juzgados de Granollers, Mataró, Terrassa, Berga, Martorell, Reus y Figueres.

http://elretratodehoy.com.ar/2018/01/02/la-justicia-ha-abierto-ya-37-causas-contra-el-proces-independentistas/

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