Diferencias entre los sindicatos de camioneros y la lentitud en el restablecimiento de los aprovisionamientos mantienen a Brasil en una situación de parálisis e incertidumbre sobre la evolución de la huelga iniciada hace nueve días.
El presidente de la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), José da Fonseca Lopes, que había rechazado las primeras concesiones del gobierno, se dijo satisfecho con las anunciadas el domingo por el presidente Michel Temer y acusó a quienes llaman a proseguir los bloqueos de tener una agenda política.
“No son los camioneros los que están en huelga. Hay un grupo muy fuerte […] de personas que quieren derrocar al gobierno. No tengo nada que ver con esas personas, ni tampoco nuestros camioneros autónomos”, afirmó.
Los llamamientos a la desmovilización están tardando en ser acatados, dificultando el retorno a la normalidad de un país al borde del colapso por falta de combustible.
Los camiones que llevan combustible a las ciudades lo hacen escoltados por tropas del ejército. El gobierno de Brasil ha presentado como un triunfo que en la capital paulista hoy se hayan abastecido 40 estaciones de servicio; son el 5 por ciento de las 855 existentes.
Ayer se registraron 556 bloqueos de rutas en 24 de los 27 estados del país, según fuentes oficiales. “Algunos camioneros continúan parados por falta de comunicación, pero no hay más motivos para continuar la huelga”, dijo el presidente de la Unión Nacional de Camioneros, José Araújo Silva.
En otros casos, los bloqueos se mantienen por disconformidad con el acuerdo que rebajó el precio del diésel en 46 centavos de real por litro durante 60 días, entre otras concesiones.
El Sindicato de Transportistas Autónomos de Bienes de Alagoas (noreste) llamó a proseguir la movilización, por considerar insuficiente la rebaja anunciada.
Otras agrupaciones en Rio Grande do Norte (noreste) también manifestaron su insatisfacción con las medidas pero dieron libertad a sus afiliados para decidir si continúan los bloqueos.
En algunos casos, los bloqueos se convertían en tribunas de denuncia del gobierno y de la corrupción política. “Nos cansamos de este país corrupto. Si más personas salen a la calle, el gobierno seguro que cae”, afirmó Tango Roxa, un vendedor de electrodomésticos de 45 años, que acudió a solidarizarse con los camioneros estacionados frente a la refinería de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro.
La crisis complica un poco más el panorama de las elecciones presidenciales de octubre próximo, en la cual ningún candidato favorable a las políticas de ajuste fiscal preconizadas por el gobierno figura entre los favoritos.
La huelga contra el aumento de los precios del diésel impactó en todos los sectores de un país que carece de una red ferroviaria importante y donde el 60 por ciento de los transportes de mercaderías se realiza con camiones.
Se vieron afectados el aprovisionamiento de combustibles y alimentos, el envío de medicamentos para hospitales y de raciones para las explotaciones agro-ganaderas y los criaderos, donde murieron millones de aves en los últimos días.
Al menos cinco aeropuertos cancelaron vuelos el lunes. En Sao Paulo, capital económica del país, la flota de autobuses funcionó al 70 por ciento de su capacidad y en Rio al 45 por ciento.
El suministro de combustible es intermitente, lo que ha dado lugar a kilométricas colas de automóviles en las gasolineras.
La Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB) estimó que a causa de la paralización dejaron de exportarse productos por 1.000 millones de dólares.
Las acciones de Petrobras en la Bolsa de Sao Paulo cayeron más de 14 por ciento el lunes en reacción a las concesiones anunciadas por Temer. El jueves pasado los títulos de la estatal ya habían retrocedido otro 14 por ciento.
El ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, aseguró que la reducción y congelación del precio del diésel durante dos meses “no ocasionará ningún perjuicio” a la compañía. Pero el impacto de las nuevas subvenciones para ayudar a Petrobras a mantener sus márgenes será de 9.500 millones de reales (USD 2.500 millones), que pueden comprometer las metas fiscales y la credibilidad del gobierno.
Para completar el cuadro, la Federación Única de Petroleros (FUP) convocó a un paro de 72 horas a partir del miércoles, exigiendo la reducción de los precios del gas de cocina y de los combustibles, el fin de las políticas de cesiones de activos de la empresa a firmas extranjeras y la renuncia del presidente de Petrobras, Pedro Parente, “quien con el aval del gobierno de Michel Temer sumió al país en una crisis sin precedentes”, afirmaron.
