España: absuelto por prescripción un médico por un caso de los 300.000 bebes robados

La Audiencia Provincial de Madrid considera al doctor Vela autor de tres delitos, en el primer caso de bebés robados que llega a juicio.

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El doctor Eduardo Vela ha sido absuelto por prescripción de los tres delitos de los que se le acusaba en el primer caso de bebés robados que ha conseguido llegar a juicio en España. La Audiencia provincial de Madrid le considera el autor de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental en unos hechos ocurridos en 1969, como informa Europa Press.

Los magistrados que integran el Tribunal consideran que los hechos están prescritos desde la fecha en la que la denunciante cumplió la mayoría de edad, los 18 años, es decir, desde 1987.

El fiscal solicitaba una pena de once años de prisión y una indemnización de 150.000 euros para Inés Madrigal, la mujer de 49 años que fue robada a su madre biológica al nacer. La acusación particular elevaba la petición de cárcel hasta los 13 años.

El doctor Vela fue el director de la clínica San Ramón, en Madrid. Como se ha probado en la sentencia, Madrigal fue un ‘regalo’ que Vela le hizo a su madre adoptiva, tal como ésta reconoció antes de fallecer en 2013.

La larga lucha de los bebés robados

Se calcula que durante el franquismo y los primeros años de la democracia española, hasta 1990, alrededor de 300.000 bebés fueron robados a sus familias biológicas. En la mayoría de los casos se dijo a las madres que sus recién nacidos habían muerto, cuando en realidad habían sido entregados a otras familias a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

El doctor Vela y la monja Sor María fueron durante muchos años la cara visible de este drama, quienes llevaron a cabo los delitos de los que se les acusaba en la madrileña clínica de San Román, aunque fueron otros muchos centros a lo largo del país los que llevaron a cabo estas prácticas.

Sor María falleció antes de que pudiera ser juzgada, aunque un juez llegó a abrir diligencias contra ella. Vela ha llegado al final del juicio, aunque la prescripción choca con el criterio de la Fiscalía, que entendía que la conducta ilícita no habría cesado.

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