El pasado 4 de octubre fue encontrado el cuerpo de Alejandro Castro, presidente del Sindicato de Pescadores S24, de Quintero, Chile. El mismo mostraba señales de muerte por asfixia debido a ahorcamiento, sin embargo, la hipótesis del suicidio fue descartada de parte de los allegados al dirigente y a partir de ese momento el hecho ha generado controversia en la opinión publica chilena.
La antropóloga y miembro del Movimiento por el Agua y Los Territorios de Chile, Francisca Fernandez, en una entrevista al programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, transmitido por La Radio del Sur, aseguró que la muerte de Castro se debe a su participación activa en las protestas que exigen el cierre del parque industrial ubicado en Quintero. Este territorio esta ocupado por 20 empresas las cuales han saturado el espacio y han generado altos niveles de contaminación.
“Desde por lo menos 21, 22 de agosto hasta el día de hoy, diariamente, se están haciendo movilizaciones exigiendo el cierre total del parque industrial. Quiero decir que diariamente mas de cien niños llegan intoxicados a centros de salud… Alejandro Castro participaba en estas movilizaciones y justamente, le llamo la atención a su compañera, que no había tenido comunicación con él el día 4 de octubre ”, agrego la activista para contextualizar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Fernandez aseguró que Castro expresó haber sido victima de constantes amenazas y persecución de parte de los órganos policiales, y tras su muerte, allegados al dirigente sindical aseguraron haber sido amenazados y seguidos también. Estas actividades persecutorias son legalizadas en Chile bajo el nombre de “Control de Identidad”, donde los cuerpos de seguridad del Estado pueden seguir a los ciudadanos si lo consideran necesario.
“Tenemos antecedentes de criminalización, de persecución y muerte de compañeros y compañeras que están justamente en la lucha de la defensa de los territorios y las aguas. Entonces, el caso de Alejandro Castro nos parece un caso sistemático, exactamente, respecto a la forma en la que se está ejerciendo la represión en nuestro país” agregó la antropóloga y activista chilena.
La entrevistada aclaró también, que no existe confianza en la institucionalidad del Estado y debido ha esto han optado direccionar la grave denuncia a organismos de DD.HH. internacionales, así como también, exigieron a la fiscalía chilena abrir un expediente con la rigurosidad requerida.
