Los legisladores daneses se han lanzado a la ofensiva contra la interferencia en el debate público, generando críticas de que una nueva propuesta, que podría conllevar una responsabilidad penal por expresar opiniones similares a las de Moscú, podría convertirse en un paso hacia el silencio del debate público.

De acuerdo con un proyecto de ley presentado en el parlamento local, los daneses podrían enfrentar una pena de cárcel si expresan su desacuerdo sobre la posición del gobierno en contra de Rusia.

La propuesta, que se dice está destinada a «fortalecer los esfuerzos contra la influencia ilegal de los servicios de inteligencia extranjeros», introduciría sanciones penales por la percepción de «intromisión» en los debates públicos y los intentos de influir en la toma de decisiones. Los delitos cometidos durante una campaña electoral conllevarían una pena máxima de prisión de 12 años.

Berlingske, el periódico más antiguo del país, ha criticado el proyecto de ley, alegando que reduciría la escala de la conversación política en Dinamarca.

Flemming Rose de Berlingske sostiene que la ley podría extenderse hasta el punto en que un director danés sea el objetivo de cambiar una bombilla quemada siguiendo el consejo de un agente de inteligencia extranjero.

Se entiende que el proyecto de ley significa un intento de influir en la opinión pública en Dinamarca y decisiones concretas tanto en el sector público como en el privado, ya que se dirige a opiniones legítimas que pueden considerarse propaganda.

Esto ocurre en un momento en que Rusia se enfrenta a una serie de acusaciones de países occidentales de que había pirateado a agencias de dopaje y otras organizaciones internacionales en un intento por influir en la opinión pública. Rusia ha rechazado con vehemencia las acusaciones como «manía de espías».

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