La Fiscalía Regional de La Araucanía de Chile confirmó este miércoles que otro miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), que participó en el homicidio del líder comunitario mapuche Camilo Catrillanca, también portaba una cámara que registró el momento exacto sobre el asesinato del joven, la prueba había permanecido oculto al conocimiento público.
La Fiscalía incautó la cámara del suboficial Patricio Sepúlveda y descubrió que ahí se encuentra el momento exacto en que el mapuche Camilo Catrillanca es asesinado por el ex sargento Carlos Alarcón, en un operativo en Ercilla que incluía además al ex sargento Raúl Avila y al ex cabo Braulio Valenzuela.
El registro audiovisual de 12 minutos captado por una cámara GoPro personal de Sepúlveda -jefe a cargo de la unidad formalizado por obstrucción a la investigación y quien había señalado que no portaban cámaras de video- portaba en su hombro aquel fatídico 14 de noviembre.
En el video se aprecia tanto el tractor que conducía Camilo Catrillanca como a uno de los efectivos del GOPE con un pie encima de la cabeza de un joven de iniciales M.A.P.C, el menor de 15 años que acompañaba al comunero mapuche. Además, se puede escuchar a uno de los funcionarios diciendo “alto ahí” antes de emitir 12 disparos. Ante ello, el comentario de otro de los carabineros fue: “cagamos, papá”.
A través de la grabación se reafirma la tesis de la Fiscalía chilena, de que el pasado 14 de noviembre no hubo enfrentamientos en Temucuicui y que todo se trataría de un homicidio.
Recientemente, Carlos Alarcón, el mismo carabinero que grabó un video acusando que lo indujeron a mentir, no sólo reconoció que usó su arma para conseguir que Camilo Catrillanca detuviera el tractor en el que estaba al momento del tiroteo, sino que además aseguró que está arrepentido.
En el sur de Chile, se mantienen las protestas por la muerte del joven mapuche, Camilo Catrillanca, de 24 años, quien recibió un disparo en la cabeza cuando los carabineros realizaban allanamientos en Temucuicui, en La Araucanía.
El uso indiscriminado e injustificado de la fuerza por parte del Estado chileno en contra del pueblo originario mapuche, que reclama la reivindicación de sus derechos sobre sus territorios ancestrales, evidencia una sistemática política de criminalización de la protesta social.
