La autorización de demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías cubanas representa un nuevo capítulo de la anacrónica y fracasada política de Washington hacia la isla, advirtieron ayer funcionarios de la Cancillería.
En su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció un nuevo acto hostil e irresponsable de la Casa Blanca.
‘Esta es una medida que tiene oposición en el mundo y en el propio Estados Unidos, cuyos empresarios están en contra del bloqueo y favorecen el comercio con Cuba’, señaló.
Rodríguez manifestó que Cuba reitera a sus socios económicos y a las empresas extranjeras que operan en el país todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos, a partir del respaldo del Derecho Internacional y las leyes cubanas y de sus propias naciones.
El Departamento de Estado anunció este lunes que la suspensión del Título III de la ley Helms-Burton no se aplicará a entidades cubanas, más de 200, incluidas en una lista unilateral de sanciones para asfixiar a la economía de la mayor de las Antillas, lo cual deja abierta la posibilidad de las demandas, aunque prorrogó por otros 30 días la decisión de poner en vigor o no el citado título en su totalidad.
De acuerdo con el vicecanciller Rogelio Sierra, se trata de un burdo chantaje político violatorio del Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados, que se suma a la relación de acciones dirigidas, sin éxito, a destruir la Revolución.
El Título III de la ley Helms-Burton, una iniciativa vigente desde 1996 que codifica el bloqueo impuesto a Cuba, promueve trámites legales contra compañías que ‘trafiquen’ con propiedades nacionalizadas tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, en aras de evitar la necesaria inversión extranjera para el desarrollo económico.
La subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, exigió también en Twitter la eliminación de una ley destinada a fortalecer el bloqueo, pese al rechazo que genera en Estados Unidos y la comunidad internacional el cerco económico aplicado durante casi seis décadas.
La ley Helms-Burton debe derogarse y no aplicarse, dijo la funcionaria, quien acusó a figuras reaccionarias de la actual administración de impulsar una mayor hostilidad.
Desde 1996, los presidentes estadounidenses habían suspendido de manera consecutiva por seis meses la aplicación del Título III, incluso Donald Trump el año pasado, pero en enero último el mandatario republicano decidió hacerlo por solo 45 días, a lo que se suma el anuncio de hoy del Departamento de Estado de otros 30.
Para la subdirectora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (Cehseu), Olga Rosa González, los anuncios sobre el tema ya son suficientes para hacer daño a la isla.
En entrevista concedida a Prensa Latina, la experta precisó que pueden influir en lo que se denomina percepción de riesgo sobre la mayor de las Antillas en compañías o personas con interés de invertir.
De acuerdo con González, Washington provoca incertidumbre, porque los inversores, por supuesto, realizan estudios antes de dar sus pasos.
